ELCHE. Este lunes el administrador concursal Carlos Pérez, trasladaba al titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, encargado del concurso de acreedores del Elche CF, la calificación entre otros del derecho de crédito de 4,1 millones de euros (3,7 de principal más 400.000 euros en intereses) que reclama la Comisión Europea tras declarar ilegal el aval otorgado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación del Elche en 2011.
Como se intuía, en los textos definitivos Pérez propone al magistrado José Luis Fortea que el cincuenta por ciento del principal de la citada deuda sea calificado como privilegiado y el otro cincuenta como ordinario, mientras que los intereses serían un crédito subordinado. Es decir, poco más de 1,8 millones de euros en el primer caso, otro tanto en el segundo y 400.000 euros en el tercero (aunque esta última cantidad debería ser inferior a tenor de lo planteado por el administrador que limita el pago de intereses hasta agosto de 2015). Ahora bien, como adelantaba Monserrate Hernández en Onda Cero Elche, el síndico también le apunta al magistrado lo que contempla la regulación y jurisprudencia comunitaria respecto a la naturaleza de una decisión de recuperación y lo hace en una pieza separada relativa a los 1,8 millones de euros que califica como crédito ordinario especial y respecto de los que insiste al juez que el pago ha de ser "inmediato y efectivo", de manera íntegra, sin quitas y esperas y junto a los otros 1,8 millones de crédito privilegiado.
¿Con lo anterior el administrador se refiere a la exigencia de pagar los 4,1 millones de euros antes del 5 de noviembre, fecha en la que finaliza el plazo de cuatro meses fijado por la Comisión en la decisión de recuperación y al que el IVF alude constantemente? En el texto definitivo trasladado al magistrado, Carlos Pérez amplía un poco el plazo en el sentido de que recomienda que el pago de los 3,7 millones (que suman el crédito privilegiado y el crédito ordinario especial) se realice una vez se pacte el convenio, algo que no tendrá lugar hasta dentro de un mes y medio.
Es decir, que el administrador concursal hace una lectura algo más flexible del plazo que la que defiende el IVF. Eso sí, su postura es mucho más alejada de la que sostiene el Elche y es que su presidente, Diego García señalaba días atrás a Alicante Plaza que se oponen a pagar ahora pero no después, en el marco del convenio y en todo caso aplicando la quita y espera que se acepte (se les ha propuesto a los acreedores una quita del 65 por ciento y espera de diez años), algo que Carlos Pérez no contempla.
¿Y qué dice el IVF? Su director general, Manuel Illueca manifestaba al respecto Alicante Plaza que "la Comisión es muy clara" y rechazaba de plano que ahora el pago se pueda retrasar 'sine die'. La normativa y jurisprudencia comunitaria establecen que la situación de sometimiento a un procedimiento concursal no tiene efecto sobre la obligación de devolver la ayuda declarada ilegal y que la decisión de recuperación es de aplicación inmediata y efectiva: el derecho crédito se ha de incorporar al concurso y calificarse con base a la norma específica de cada Estado (algo que ha hecho el administrador concursal) pero no basta con lo anterior, ha de cancelarse íntegramente dentro de los plazos que marca la propia decisión (cuatro meses en el caso que nos ocupa), no permitiéndose la continuidad de la actividad de la sociedad sin la recuperación previa de la ayuda; de ahí que Illueca insista en que los 4,1 millones de euros han de ser consignados, como tarde, el próximo viernes ¿Y si no se hace? "nos reuniremos con la Abogacía del Estado y la Comisión Europea para adoptar las medidas que esta considere necesarias para cumplir con su decisión de recuperación como por ejemplo recurrir a la vía de apremio", decía también este lunes.
A la misma hora, el máximo mandatario franjiverde en declaraciones a la Agencia EFE adelantaba que se planteará el correspondiente incidente concursal y, al tiempo, trataba de transmitir una vez más tranquilidad al entorno al apuntar nuevamente que el club cuenta con una "solución económica" para el caso de que todos sus intentos no prosperen (empiezan a no hacerlo) y se encuentre con que la Comisión Europea obliga al Juez de lo Mercantil a ejecutar el crédito en su totalidad y de manera inmediata provocando la entrada en disolución de la SAD al carecer de activos suficientes: la misma pasa, obviamente por pagar recurriendo a fondos propios o a una ampliación de capital. Lo primero parece harto complicado dada la delicada situación económica del club mientras que lo segundo no lo tendrá fácil: Manuel Illueca señalaba una vez más que el IVF se opondrá a cualquier operación que haga perder peso al paquete accionarial que ha tratado de subastar recientemente y que representa el 54,7 por ciento de los títulos del Elche, al tiempo que llegaba a invitar al consejo de administración "a hacer un préstamo al club (a interés cero) si quiere aportar una solución al problema".