Foto: CORTS/José CuéllarVALÈNCIA. La amenaza de ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos por el reparto de menores migrantes está más cerca de quedar en un simple aviso a navegantes –aun a riesgo de que se interprete, directamente, como un 'farol'– que una realidad a juzgar por el poco avance de movimientos que ha habido en los últimos días. La estrategia, sin embargo, no quita que en la Generalitat los voxistas tengan que jugar a unos equilibrios, a veces imperceptibles pero relevantes, para tratar de apostar por una estabilidad que no quieren que se pierda.
El amago de esta vez no ha sido el primero, aunque sí el más explícito y el de mayor apelación directa a los líderes territoriales populares. A finales del año pasado, Vox ya presionó con la ley de amnistía. En un mensaje coordinado en toda España, exigió que el PP impulsara manifestaciones institucionales contra la norma en los ejecutivos que compartían. Éstas nunca llegaron a tener lugar. Los populares convocaron concentraciones de partido en una movilización a nivel nacional que incluyó la Comunitat y en la que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se implicó activamente tanto a nivel de presencia como de discurso.
Esta posición parece que fue suficiente para el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera (Vox), quien llegó a acudir junto a otros cargos de su formación a la cita. Nada se movió. Poco después, Santiago Abascal amenazó con dejar de apoyar a los populares si no frenaban la ley de amnistía en el Senado. Algo que finalmente vetaron, pero la norma fue devuelta al Congreso y aprobada.
Con constantes acusaciones de tibieza al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en multitud de asuntos a nivel nacional, y después del pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Abascal ha amenazado ahora con romper en los territorios por el intento de repartir inmigrantes ilegales en todas las comunidades que comparten. Un debate que llega con la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría esa distribución y sobre el que Feijóo ha anticipado que habrá "solidaridad" de las CCAA gobernadas por su partido.
Estas declaraciones han provocado que desde Vox señalen que "probablemente" se trata del asunto "más crítico" que han atravesado los ejecutivos de coalición desde su conformación. Por su parte, Génova reprocha que cuando se lanza un órdago de estas características o se cumple o queda en evidencia la argucia.
En la Generalitat, según fuentes del PP, no ha habido siquiera conversaciones el respecto entre los socios. Pero lejos de aprovechar para censurar a sus compañeros voxistas, simplemente le están restando importancia al tema y ven imposible el escenario de ruptura. Es posible que entre las paredes del Palau las crisis se gestionen de otra forma diferente a lo que ocurre en Madrid, que se dialogue sobre las posiciones inevitables de cada parte, que la sintonía entre Mazón y Barrera ayude o que los consellers de Vox opten por priorizar la estabilidad de un Ejecutivo del que claramente no querrían salir.
Sea como sea, lo cierto es que ni uno ni otro se tocan. Barrera se ha ceñido a atacar a Feijóo para señalar que sus "chanchullos" con Pedro Sánchez amenazan en acuerdo en la Generalitat. El PP simplemente se dedica a subrayar que el pacto para el Consell no se está incumpliendo. "La Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera, eliminará las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas", decía el punto relativo a inmigración.
Pero Mazón ya lanzó la semana pasada una advertencia de importancia: los centros de acogida "tienen una sobreocupación del 160%". Una manera de responder a Sánchez pero también de llevar un discurso propio respecto a Feijóo en referencia a la situación particular de la Comunitat. Y que, de paso, calma un poco las aguas con Vox.
Lo cierto es que la convivencia del PP y los voxistas en los ejecutivos no es fácil cuando entran en el debate las ideas fuerza de los segundos. O lo que se conoce como relato. Los voxistas optan por desmarcarse en temas como la violencia de género o el Día del Orgullo, criticando a sus socios y yendo a la suya con iniciativas y posiciones más ideológicas y extremas. Pero con la inmigración no quieren ceder siquiera a nivel de discurso porque beben de ese nicho de votantes. Y más cuando el tema se pone encima de la mesa justo después de un acuerdo entre el PP y el PSOE en el CGPJ.
Así que Vox no parece que quiera romper en realidad. Pero sí marcar territorio y no quedar como el socio sumiso allá donde gobierna con los populares, sobre los que piensa que están blanqueando a los socialistas. Algo que provoca, al mismo tiempo, que los dirigentes territoriales de uno y otro partido –como ocurre en la Comunitat– tengan que amoldarse a lo que ocurre en sus respectivas direcciones nacionales. Lo compartan todo o no y manteniendo los equilibrios entre la lealtad a Madrid y la salvaguarda del Gobierno autonómico.
