Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá y Pepe Bonet. ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante insiste en su propuesta de reforma fiscal con otra iniciativa con la que plantea cambios en la modificación de la ordenanza del impuesto de plusvalía promovida por el equipo de gobierno, "con el fin de aliviar la carga fiscal de los alicantinos hasta que Vox gobierne en el Ayuntamiento en mayo y deroguemos este impuesto tan injusto y confiscatorio que el Partido Popular y Ciudadanos piden eliminar en el Congreso de los Diputados, pero que en Alicante obliga a los alicantinos a soportar blindándolo tras la sentencia del Tribunal Constitucional que lo dejó tambaleando", según ha argumentado el portavoz municipal del partido, Mario Ortolá, a través de un comunicado.
La primera de las enmiendas registradas por Vox plantea la reducción del tipo de gravamen del 30% al 10% en base a que "la Ley de Haciendas Locales impone un límite máximo para el tipo de gravamen y, casualmente, es el tipo de gravamen que impone el equipo de gobierno municipal, es decir, el 30%". Así, portavoces del partido han señalado, a través de un comunicado, que "el compromiso de Vox es eliminar el impuesto de la plusvalía municipal si gobernamos en el Ayuntamiento de Alicante después de las municipales de mayo y con esta enmienda queremos determinar una situación que, siendo temporal, sea lo menos gravosa posible para los alicantinos que tanto están sufriendo con el alza de los precios de la comida, la luz, el gas, la gasolina y un largo etcétera".
"La administración pública debe trabajar por y para los ciudadanos y no contra los ciudadanos. Vivimos en un país cuya máxima es el expolio a las clases medias y trabajadoras y la plusvalía es un 'asalto al bolsillo' de aquellas familias que reciben vía herencia una vivienda pagada con el sudor de la frente de sus padres o abuelos o que deciden vender una casa por la que llevan toda la vida pagando impuestos y, de una manera u otra, deben pasar por caja. Es un atropello y hay que ponerle fin", afirma Ortolá.
Según Vox, en este sentido está dirigida la segunda de las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanza de la plusvalía del bipartito. El partido plantea "que se acepte la modificación del régimen de bonificaciones para que se apliquen las máximas que permite la Ley, esto es, el 95% de bonificación del impuesto para viviendas recibidas por herencia -actualmente es del 60%- y también del 95% para la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración". "Una bonificación que actualmente no está recogida en el proyecto de ordenanza", apunta el comunicado.
En esta línea, Ortolá sostiene que "lo ocurrido con la plusvalía, que es uno de los motivos que fundamentan la enmienda a la totalidad que desde Vox Alicante hemos presentado a los presupuestos de 2023, es un claro ejemplo de lo que ocurre con el Partido Popular en toda España. En un primer momento se muestran contrarios a las zona de bajas emisiones pero luego las aplican en su máximo nivel como protestan por el blindaje de Pedro Sánchez a la plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional pero luego la aplican en los ayuntamientos donde gobiernan, como sucede en Alicante, cuando es un impuesto totalmente voluntario de los municipios. Se aplica porque es la voluntad del alcalde. Sin más".
