Vox lo vuelve a intentar con la lengua: plantea que Alicante sea municipio de predominio castellano

ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante aprovecha los cambios políticos registrados tras los comicios del 28 de mayo y lo vuelve a intentar con la reapertura del debate sobre el uso del valenciano en la ciudad. La formación que preside Santiago Abascal ha presentado una nueva propuesta de declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de septiembre en la que plantea instar a las Cortes Valencianas a modificar la Ley 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià "para incluir a Alicante como municipio de predominio lingüístico castellano". 

Se trata de la cuarta ocasión en la que Vox registra una iniciativa plenaria con el mismo objetivo, sin que ninguna de las tres ocasiones precedentes planteadas durante el pasado mandato llegase a prosperar como consecuencia de la abstención de los representantes de Ciudadanos (Cs). En las propuestas precedentes, la iniciativa de Vox ha sumado el respaldo del PP y el rechazo de PSOE, Unides Podem EU y Compromís. 

En el caso de que las formaciones que vuelven a tener representación en la corporación municipal tras los comicios del 28 de mayo repitiesen sus respectivas posiciones de voto, la propuesta de Vox quedaría aprobada, puesto que los 14 ediles del PP y los cuatro representantes del partido de ultraderecha superan con creces el límite de la mayoría absoluta, fijado en 15 representantes.

La declaración institucional incluye dos únicos acuerdos concretos: instar a las Cortes Valencianas a la modificación de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, eliminando al término municipal de Alicante del artículo 35 (términos municipales de predominio lingüístico valenciano) e incluyéndolo en el articulo 36 (términos municipales de predominio lingüístico castellano), y dar traslado de la declaración al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al vicepresidente primero, Vicente Barrera, y a los portavoces parlamentarios del resto de grupos políticos.

En la exposición de motivos de la propuesta se plantea que la clasificación de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano "se trata en la práctica de un fraude puesto que las encuestas realizadas por el propio Consell en el año 2015 -nada sospechosos de defender el español- determinan que en Alicante, en el ámbito familiar, el español es la lengua materna empleada (84,5%) por encima del valenciano (12,3%), siendo en el ámbito laboral y social los porcentajes mucho más altos en lo que respecta al uso del español por encima del uso del valenciano".

La propuesta quedará aprobada si los 14 ediles del equipo de gobierno, del PP, repiten el voto afirmativo que emitieron en las tres ocasiones precedentes

Además, apunta que "la situación política de la Comunidad Valenciana ha dado un giro de 180 grados tras las elecciones autonómicas de mayo, conformándose un gobierno de coalición de Partido Popular y Vox en el Consell. Se da la circunstancia de que ambos partidos, aunque en distinto grado, llevaban en sus programas electorales la defensa del español y la garantía de su enseñanza plena en el ámbito educativo así como la defensa de la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, todo ello al amparo del artículo 27 de la Constitución Española, abandonándose así la deriva totalitaria e ideológicamente sectaria del gobierno formado por PSOE, Compromís y Podemos donde se arrinconaba deliberadamente el español y su sustitución sistemática por el catalán. No en vano, el acuerdo de gobierno del Consell entre Partido Popular y Vox fija la libertad educativa y libertad de elección de lengua así como la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos en los puntos 27 y 28 del mismo".

Y, por último, se recalca que "desde el Ayuntamiento de Alicante tenemos la obligación de defender los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa y el español como lengua predominante en el término municipal de Alicante. Los partidos políticos constitucionalistas debemos garantizar el cumplimiento de la Constitución Española y para ello debemos promover cualquier tipo de acción jurídica y política tendente a la garantía de las libertades de las familias y al correcto desarrollo personal, social y académico de los niños".