ALICANTE. Alicante seguirá siendo un municipio de predominio lingüístico valenciano sin que exista ninguna propuesta oficial de solicitud de modificación de esa consideración, como la que se preveía someter a debate en el pleno de la corporación este jueves. El grupo municipal de Vox, promotor de esa iniciativa por cuarta vez desde el pasado mandato, ha retirado esa propuesta, por la que se pretendía solicitar a la Generalitat una modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià para que Alicante pasase a considerarse municipio de predominio lingüístico castellano. De este modo, no ha habido lugar a su debate y votación. Eso sí, la retirada ha quedado vinculada a la adquisición de un compromiso por parte del Partido Popular (PP) para que el Consell -ahora compuesto por PP y Vox- promueva una modificación legislativa con ese mismo objetivo.

Por partes. El anuncio de la retirada de la iniciativa lo ha anticipado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, al sostener que "hace dos horas nos han comunicado que se va a promover un cambio legal", supuestamente promovido desde les Corts, encaminado a conseguir el mismo fin que se pretendía con la declaración institucional. "Parece que la labor de Vox está teniendo frutos, porque traemos también una declaración institucional para erradicar la presencia de un mercadillo ilegal en Colonia Requena, y ayer hubo una actuación especial de la Policía Local en ese punto; y hoy nos informan de la intención de promover ese cambio legal respecto a la consideración de Alicante como municipio de predominio lingüístico castellano", ha señalado. Así, ha confirmado la predisposición de su partido a evitar el debate de la declaración sobre ese tema, siempre que el PP "se comprometa a respaldar ese cambio, como ha sucedido en las tres votaciones que se han registrado hasta ahora con el mismo propósito".

El guante lo ha recogido la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, que se ha limitado a apuntar que "así será", lo que ha impedido que los populares tuviesen que volver a posicionarse y exponerse abiertamente sobre la iniciativa de Vox en un contexto diferente al que se registraba en la legislatura pasada, ya que ahora el PP y Vox ostentan la responsabilidad de gobierno en la Generalitat.

Unidad con Libia, Marruecos y frente al apartadero de trenes

Entre el resto de declaraciones institucionales, en primer lugar se ha aprobado por unanimidad las dos propuestas conjuntas planteadas para expresar el apoyo del Ayuntamiento de Alicante a los afectados y damnificados por las inundaciones registradas en Libia y por el terremoto de Marruecos.

En segundo lugar, también ha prosperado otra declaración institucional por la que se vuelve a reivindicar la ejecución de la Variante de Torrellano registrada esta vez por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). En esta ocasión, la iniciativa se extiende también para expresar el rechazo del Ayuntamiento de Alicante al aparcadero de Adif y del Ministerio de Transportes en la zona de expansión de la ciudad por su acceso sur, en los terrenos de la antigua Estación de Benalúa. 

Y, como en ocasiones anteriores, también ha suscitado un respaldo mayoritario, después de que los representantes de todos los grupos políticos hayan manifestado sus críticas por la demora en la construcción de la Variante de Torrellano, responsabilizando a los sucesivos gobiernos encabezados por PP o PSOE desde el año 2003: cuando se firmó el convenio sobre la reestructuración ferroviaria de Alicante para permitir la llegada del AVE a la ciudad, así como el desarrollo de otras infraestructuras.

En ese debate, el alcalde, Luis Barcala, ha apuntado que la declaración resultaba necesaria después de que Adif haya dado por descartado el ofrecimiento de la Autoridad Portuaria para que ese apartadero de trenes pudiese ubicarse en el recinto portuario, sin necesidad de que los trenes penetrasen hasta las vías de Benalúa. Al tiempo, ha insistido en que también se sigue a la espera de que se resuelvan las alegaciones planteadas al estudio complementario del proyecto de la Variante de Torrellano, en las que se recalcaron que esa infraestructura sí es rentable desde el punto de vista de la explotación comercial. Así, a la postre, la iniciativa se ha aprobado por unanimidad, después de que se haya vuelto a poner de manifiesto la reivindicación de los vecinos, a través de una intervención por parte del presidente del colectivo de residentes de Parque del Mar, Lorenzo Pérez.

Rechazo de Alicante a una posible Ley de Amnistía a instancias del PP

También se ha debatido otra declaración institucional promovida por el PP, sobre un asunto no vinculado de forma directa a la gestión de la ciudad de Alicante: la hipotética tramitación de una Ley de Amnistía para los condenados por el proceso de declaración de la fallida República de Cataluña que estaría relacionada con las negociaciones para la formación de un futuro gobierno a presidir por el candidato socialista Pedro Sánchez. 

Los representantes de Esquerra Unida Podem, Compromís y PSOE han reprochado que el PP trajese una iniciativa no vinculada con la ciudad y que, además, se plantease sobre futuribles que no se han planteado. De igual modo, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha enumerado las distintas amnistías acordadas por el PP en el pasado, como la amnistía fiscal de 2012, o los indultos a los miembros de la banda terrorista Terra Lliure, entre otras, a las que también se ha referido la portavoz del PSOE, Ana Barceló. Vox, por su parte, ha secundado la iniciativa, después de que su portavoz haya considerado que la única medida a aplicar respecto a los separatistas catalanes era "la cárcel". A la postre, la votación ha sumado 18 votos a favor, con la suma de los votos de los ediles del PP y Vox, y los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

También se ha aprobado otra de las declaraciones institucionales promovidas por el PP en sentido similar, por la que se acuerda manifestar "el rechazo a cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o a territorios en cualquier parte de España, y atente contra lo dispuesto en la Constitución Española" a colación de una supuesta negociación con partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En este caso, la iniciativa ha sumado solo el voto de los 14 concejales del PP, ya que los cuatro representantes de Vox se han abstenido. El bloque progresista formado por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem ha votado en contra tras considerar que la declaración solo trataba de agitar el miedo de una supuesta ruptura del país.

De igual modo, se ha aprobado otra declaración institucional por la que se plantea manifestar "apoyo y solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y en especial con las perjudicadas por la  Ley del 'Solo sí es sí'". La edil de Bienestar, Begoña León, ha insistido en que en la provincia de Alicante se han producido 55 rebajas de penas a condenados en aplicación de esa ley y ha lamentado que en el Gobierno central no se hayan producido dimisiones o ceses. Después de que los ediles del eje progresista hayan defendido la vigencia de la Ley como, la iniciativa ha quedado aprobada por PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Sin plan para recuperar el patrimonio cultural

No ha prosperado la propuesta promovida por el PSOE por la que se planteaba elaborar un Plan Integral de recuperación, mantenimiento y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la ciudad de Alicante, y que se destinase el 3% del presupuesto municipal a ese fin. PP y Vox han votado en contra del planteamiento, después de que la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, haya manifestado que el equipo de gobierno trata de poner en marcha ahora un proceso de contratación para externalizar la revisión del catálogo de protecciones aprobado de forma provisional en 2020, después de que los distintos informes sectoriales sobre el documento hayan obligado a "reelaborar" gran parte de la propuesta municipal, así como a acompañarlo de una memoria económica.

No ha prosperado la declaración institucional presentada por Vox por la que se planteaba la necesidad de "perfeccionar los procedimientos de captación de subvenciones de otras administraciones e impulsar la aprobación de un plan estratégico" que incluyese una posible externalización del proceso de captación de esas ayudas. La iniciativa, planteada a colación de la pérdida de una ayuda de 535.000 euros preconcedida por la Diputación en el marco del Plan+Cerca, que el equipo de gobierno justificó en la existencia de un error humano que impidió que la presentación de la solicitud se presentase en plazo.