VALÈNCIA. Lo advirtieron hace ahora casi un año, en mayo. El Ayuntamiento de València no veía clara la expropiación realizada para el Parque de Cabecera que enriqueció a parte de la familia Trenor y a una empresa de Vicente Cotino, sobrino del exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino. No veían claro cómo se había desarrollado el proceso y querían saber por qué el importe correspondiente no se pagó en su momento y se dejó pasar el tiempo hasta tener que abonar 18,2 millones de euros en lugar de los inicialmente acordados 961.000; un pelotazo con todas las letras.

Este viernes, en la Junta de Gobierno, el consistorio, tras el correspondiente informe de los servicios jurídicos, ha decidido solicitar al Tribunal de Cuentas que investigue un proceso de expropiación que, así, de entrada, fue calificado de negligente por el alcalde Joan Ribó. La intención del actual Ayuntamiento es que se diriman posibles responsabilidades de una gestión que Ribó definió como “pésima”, y eso, puntualizó, “en el mejor de los casos” y pensando bien.

En el informe presentado ante la Junta de Gobierno se señala explícitamente que la responsabilidad de que este expediente no se incluyera en ningún orden del día de la Junta de Gobierno durante todos estos años corresponde a la que fue alcaldesa Rita Barberá, como presidenta del órgano de gobierno, y a los concejales Miguel Domínguez, regidor responsable de la Junta de Govern; Alfonso Grau, Coordinador General del Área de Economía; Silvestre Senent, regidor delegado de Presupuestos; Jorge Bellver, Coordinador del Área de Urbanismo, y Francisco Lledó, regidor delegado de de expropiaciones.