VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana, más cerca de una renta básica para las zonas rurales. La medida se prevé incluir en la Ley de Medidas Integrales contra la Despoblación a propuesta de Compromís tras un acuerdo con los socios en Les Corts Valencianes, PSPV y Unides Podem. De esta manera, las tres fuerzas políticas presentarán una enmienda al texto normativo para que recoja la implantación de esta renta con el propósito de que la población de las áreas rurales pueda mantener su actividad y evitar así el agravamiento de la despoblación en el interior.

La Ley Antidespoblación es una de las medidas estrella del Gobierno valenciano y su intención es que el parlamento valenciano la apruebe antes de que acabe la legislatura. Motivo por el cual, ahora que el tiempo apremia, ha solicitado su tramitación urgente. El texto transita por el período de enmiendas y el tripartito negocia enmiendas para mejorarlo e introducir novedades antes de su aprobación definitiva.

Una de estas novedades es precisamente la llamada "renta básica rural". La enmienda acordada por PSPV, Compromís y Unides Podem permitirá avanzar en la implantación de la medida una vez la Ley Antidespoblación haya salido adelante. Esta adenda reza que el Consell "estudiará la implantación de una renta rural agropecuaria que de soporte al mantenimiento de las actividades de agricultura y ganadería" al objeto de fijar a sus profesionales en el territorio.

Se entiende como una manera de poner en valor el sector primario como proveedor de un servicio esencial para la sociedad, tal y como se reflejó por ejemplo durante la pandemia, además de hacer un trabajo de conservación del entorno medioambiental. Y también de "remunerar la fijación de la población en el territorio y el trabajo rural", según señalan en el grupo parlamentario de Compromís.

En ese sentido precisamente, la enmienda pactada subraya que servirá para valorar "la importancia de estas actividades en el mundo rural como elemento generador de oportunidades laborales" además de "primera barrera de contención ante los efectos del cambio climático, la prevención de los incendios forestales y la preservación de nuestro patrimonio cultural, paisajístico y ambiental".

La propuesta de Compromís incluía la necesidad de poner un plazo temporal específico de tres años para el cumplimiento de este compromiso y evitar que la puesta en marcha de la renta por parte de la Generalitat Valenciana se demorara más de lo necesario. Sin embargo, en el período de negociaciones con los socios del Botànic, los socialistas abogaron por un redactado más 'light' y con menos ataduras para el futuro Ejecutivo, surgido tras las elecciones autonómicas de mayo. 

Finalmente, se ha evitado fijar una fecha límite. La Ley, si sale adelante con este apartado tal y como está previsto, establece que esta renta rural deberá desarrollarse a nivel normativo, para lo cual deberán hacerse los estudios pertinentes y estimar el impacto económico que puede suponer. "Reglamentariamente se determinará su alcance, las zonas de afectación y las personas beneficiarias", señala la enmienda de los tres grupos.