Imaginemos por un momento que usted y yo nos sentamos a la mesa en un restaurante y nos sirven un buen banquete, pero con una regla: solo puedo comer yo y usted solo puede mirar. Cuando he terminado, me dirijo a usted y le digo: “Entre los dos hemos comido muy bien. Ahora, ya podemos pagar la cuenta.”

Esto es fundamentalmente lo que está sucediendo con la supresión del Impuesto de patrimonio en Andalucía que anunció recientemente el presidente de la Junta, Juanma Moreno: “Vamos a bajarle los impuestos a los andaluces!” Es una afirmación que fuerza los límites de la semántica tratándose de un impuesto que paga menos del 1% de los más ricos. En la práctica el presidente de la Junta les va a regalar a los grandes patrimonios de Andalucía cientos de millones de euros de las arcas públicas. El resto de los andaluces solo podrán mirar. Lo único que les van a reducir a ellos son sus derechos como ciudadanos. Los cientos de millones que se ahorren los más ricos se pagarán por el otro lado reduciendo la inversión en políticas sociales que suponen más del 80% del gasto de las Comunidades Autónomas. Menos impuestos para los ricos significa más alumnos por aula en las escuelas y más listas de espera en la sanidad.

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento global de las desigualdades sociales que ha impactado de lleno en Europa y en España. Antes, defendíamos el Estado de Bienestar como un puntal de los valores europeos asentado en la idea de que la redistribución de la riqueza proporcionaba no solo mayor cohesión social sino también mayor prosperidad para todos. Ese pacto se ha ido descomponiendo hasta niveles de obscenidad como los que estamos viendo estos días en que se hacen pasar medidas que solo favorecen a los más poderosos, y perjudican a la inmensa mayoría, como si fueran a favor del interés general.