VALÈNCIA.- Todo es demasiado reciente, tanto, que duda si mostrar a cámara su rostro para Plaza. Desde que su hijo se suicidó el pasado 30 de agosto, el refugio de Carmina, una maestra jubilada de 68 años, es su casa en el campo de Bixquert, con vistas al castillo de Xàtiva. En ella se sume en los recuerdos. Son demasiados, pero quizá la perrita de Norberto, de Beto, es su impronta más tangible. Norberto saltó de un sexto piso porque no soportaba seguir sufriendo, comenta Carmina. Para los profesionales que lo trataron aquella misma mañana nada hacía sospechar del fatídico desenlace. El consuelo de Carmina es que lo último que escuchó Beto fue la voz de su hermano intentando agarrarle a la vida. Norberto era un paciente agudo con Trastorno Límite de Personalidad (TLP). Una persona gravemente enferma, cuya familia denuncia ahora las trabas administrativas y la falta de diligencia para poner a su hijo a salvo.
Cuesta seguir el relato de Carmina. Sigue firme, como lo ha hecho durante los veintitrés años que lidió junto a su hijo contra la enfermedad. Aquel niño dulce, inteligente, talentoso, un «crack de los ordenadores y amante de los pájaros», recuerda Carmina que, a los diecisiete años se rebeló y se convirtió en ingobernable. Entonces llegaron los médicos, los ingresos y los falsos diagnósticos: «Para muchos profesionales era un malcriado, un problemático, y fue él mismo quien reconoció lo que le pasaba leyendo sobre TLP». Llegaron las terapias, los ingresos intermitentes, los esfuerzos por poner su vida en pie con trabajos que duraban apenas unos meses, con subidas y bajadas emocionales que desembocaban en ira y que hacían imposible la convivencia, porque Beto necesitaba ayuda profesional. «Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos.
En su segundo intento de suicidio supliqué que no le dejaran salir del hospital y no me hicieron caso». Hubo hasta cuatro intentos más. En 2019, tras numerosos incidentes violentos, agravados por el consumo de estupefacientes, la familia pidió la intervención de la Fiscalía para un ingreso urgente en un centro donde pudiera estar atendido correctamente. En 2020 les prometieron una plaza, pero no llegaba, pues «conseguimos que un juez decretara su internamiento involuntario en febrero de 2021».
Casi cinco meses después, en junio, otra sentencia declaró que el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) sería el responsable de su custodia. «La entrada seguía demorándose. Era verano y había días inhábiles de por medio. La Generalitat no llegó a ejercer la custodia porque Norberto murió el 30 de agosto. A mí no me queda otra que hacer visible mi historia por todos los que están en una situación similar, y me consta que hay gente cercana a la que veo un desenlace fatal si no se actúa pronto», comenta.
