Estos días ha vuelto a la actualidad informativa esa iniciativa que una empresa británica anunció hace algún tiempo y que consiste en crear un macro centro comercial y de ocio en las afueras de Valencia, en concreto en terrenos de la vecina localidad de Paterna. La clara oposición de una parte del Consell desde el minuto cero logró su cometido de desestimar el proyecto basándose en criterios técnicos, especialmente medioambientales.

Hace unos días el responsable de ese departamento fue cesado, Julià Álvaro, [quien también ha dimitido como portavoz en EQUO] y rápidamente se interpretó no sólo como una clara muestra de las tensiones en el seno de la Conselleria que dirige Elena Cebrián sino como una manera de que el Consell acercara posturas con los promotores empresariales del proyecto comercial y de ocio. Aunque rápidamente salió a la palestra otro miembro del gobierno valenciano a censurar y denostar tal proyecto, en este caso Natxo Costa, quien dijo que “Puerto Mediterráneo no es aceptable y no encaja en nuestro modelo”. La sinceridad en política es buena, pero quizá la prudencia sea necesaria. 

Ante tal situación los partidos se posicionan de la siguiente manera: Compromís es contrario a tal actuación pero algunos de sus miembros disimulan porque la responsabilidad de gobernar supone aparcar la ideología y atenerse a la realidad, por ello la propia vicepresidenta o el conseller de Economía aseguran que si cumplen la legalidad seguirá adelante; Podemos ha reiterado, ayer mismo así lo hacía su portavoz en medioambiente, su rotunda oposición; el PP se ha mostrado partidario y de hecho su líder siempre ha dicho que el PSOE de Puig y el de Paterna contarían con su apoyo si decidían apoyar la creación del centro comercial; y los socialistas están a verlas venir entre unos y otros, ni sí ni no. Como todos, si se cumple la ley, bla bla bla.

Este tipo de grandes proyectos que genera impacto en varios frentes: medioambiental, social, laboral, empresarial, etc. no siempre pueden estar perfectamente ajustados a la legislación concreta de cada país, comunidad y localidad con sus múltiples regulaciones. Por ello, suelen tener un trato especial y al margen de los aspectos técnicos, es clave que exista de inicio una voluntad política de llevarlos a cabo o no. Es un asunto complejo y que genera argumentos enfrentados y creo que algo falaces, como suele ocurrir cuando hay grandes cifras de por medio, previsiones de inversión y generación de empleo que a veces se cumplen y otras no.