VALENCIA. Es una pena que la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública no pudiera asistir el pasado 21 de julio al debate Un modelo de salud para todos, aquí y ahora, organizado por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), ni tuviera a bien enviar a nadie de su departamento, porque se expusieron pareceres muy interesantes sobre los conciertos sanitarios. La hasta hace poco diputada socialista en el Congreso Carmen Montón se estrenó como consellera con la siguiente declaración de intenciones: "Rescindiremos todos los conciertos posibles para retornar la sanidad a lo público, recuperando las concesiones administrativas y la gestión de las resonancias magnéticas, y mientras tanto, haremos un control exhaustivo de esos conciertos para que se cumplan todos los requisitos de calidad y buena gestión que la ciudadanía merece".

Todo ello, en pro de  "la recuperación del sistema sanitario público y la democratización del sistema", en palabras de la consellera, que, recordemos, promete rescindir "todos los conciertos posibles". ¿Todos?

El grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, del que Montón formaba parte hasta junio, se ha quejado varias veces, la última el pasado mes de enero, de los "recortes" del Gobierno en Muface, el sistema por el que un millón y medio de funcionarios acuden por decisión propia a la sanidad privada -seguros médicos- pagada por el Estado, con lo bien que funciona la sanidad pública. A los sindicatos y a Montón no solo les parece bien que el Estado pague la sanidad privada a los funcionarios que lo deseen, sino que piden a Montoro que page más a las aseguradoras.

No son Muface y sus hermanas Isfas (para el personal de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Justicia) las únicas colaboraciones público-privadas en sanidad. Existen, y puede que me deje alguno, las mutuas de trabajo, los conciertos con hospitales privados para algunos tratamientos, el IVO, el transporte sanitario urgente (ambulancias) y las farmacias. ¿Cuáles le parecen mal a la consellera? ¿Cuáles va a rescindir o a pedir al Gobierno que rescinda?

Por no hablar de la asistencia a los ancianos o discapacitados en manos de empresas con ánimo de lucro -permítaseme el pleonasmo- agrupadas en la asociación Aerte, cuya directora general hasta hace cuatro días era la cabeza de lista del PSPV por Valencia, María José Mira, hoy secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Mira siempre se quejó, con más razón que un santo, de lo tarde y mal que pagaba la Generalitat y del favoritismo escandaloso hacia las residencias de la familia de Juan Cotino, pero no de que la Administración dejase el cuidado de nuestros ancianos y discapacitados en manos privadas. ¿Va a acabar la consellera con estos conciertos o considera que esa actividad sí se puede mercantilizar?

La proclama de lo público como principio ideológico está muy bien, pero hay que ser consecuente con ella hasta el final, porque le puede pasar a uno como al actor Alberto San Juan, que en una entrevista en El Mundo el pasado mes de enero decía: "Me arrepiento de tener un contrato con Iberdrola, con La Caixa, con Sanitas... Y de colaborar con empresas mafiosas y responsables del deterioro de millones de personas". ¿Arrepentido de tener un seguro médico que no es obligatorio?

El arranque de Carmen Montón fue deslumbrante, pero cuando se acaban las entrevistas empieza la gestión, en este caso de la escasez presupuestaria. La asistencia debe ser universal -un acierto empezar la legislatura devolviendo la tarjeta a los inmigrantes 'sin papeles'-, gratuita -los 'turistas' franceses, encantados- y de calidad, pero también sostenible.

Montón ya se ha dado cuenta de que no puede anticipar el fin de las concesiones, solo esperar a que venzan los contratos -en esta legislatura, tres, La Ribera, IVO y resonancias magnéticas- y volver a la gestión pública. Una gestión pública que tendrá que ser mejor que la privada, porque es lo que le van a pedir los pacientes. Y a poder ser, más barata, algo que en el caso de las resonancias parece fácil, según constató el Síndic de Comptes en un informe.

Colaboración público-privada existe en la mayoría de países de Occidente y en todas las comunidades autónomas. El problema en la Comunitat Valenciana, en Sanidad y en otros ámbitos, ha sido que en muchos casos se ha hecho pensando en beneficiar a amiguetes, a los que luego no se ha vigilado. Tampoco se ha evaluado el resultado -salvo el económico en el citado informe del Síndic sobre las resonancias-, entendiendo por evaluar no solo la eficiencia (ahorro), sino la eficacia (calidad del servicio).

Entre las intervenciones del debate en la CEV, que tuve el placer de moderar, me quedé con la propuesta del director gerente de la mutua Umivale, Héctor Blasco, para un acuerdo entre los partidos políticos en el ámbito sanitario, con cuatro puntos que pactar: qué modelo queremos (qué prestaciones debe dar la sanidad pública), cómo se financia, cómo se gestiona y, finalmente, cómo se fiscaliza esa gestión, sea pública o privada.

Y ya que la Conselleria va a cumplir, por fin, con su obligación de fiscalizar las concesiones y conciertos que tiene, no estaría de más que fiscalizase también el funcionamiento de los hospitales públicos. Son muy buenos -lo dice un usuario que no tiene seguro privado- pero tienen ineficiencias -por ejemplo, logísticas- y dan cobijo a algunos profesionales con ánimo de lucro capaces, por ejemplo, de cruzar una avenida para atender a pacientes/clientes en el centro privado de enfrente sin siquiera quitarse la bata del hospital público. Total, es un momento.