ALICANTE/CREVILLENT. Esta semana, el juzgado número cuatro de Elche ha citado a declarar para el próximo mes de marzo al alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, a su vez presidente de la Diputación de Alicante. Como se ha venido publicando, deberá responder de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y/o negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, junto a otros nuevos acusados. Aunque todo el PP ha salido en defensa del primer edil, su imputación abre dos incógnitas, una judicial y otra política, que irá dilucidando en los próximos meses: ¿por qué está imputado el alcalde por una cuestión que afecta al Patronato de Deportes de Crevillent, y de la que él mismo se ha desvinculado? ¿y por qué Ciudadanos ha cambiado el paso y ahora sí que exige explicaciones y un pleno extraordinario para poner contra la cuerdas a un político que lleva 24 años en el poder?

El origen de todo es de sobra conocido: se trata de unas contratas del ayuntamiento crevillentino a nombre de dos empresas, Tot Esport Crevi SL (Cayetano Ramón Serna Villaescusa) y Divertijove SL (Francisco José Serna Villaescusa), que son avaladas y desarrolladas bajo el paraguas de su padre, Francisco Manuel Serna, que era a su vez, técnico del Patronato de Deportes. Surgen como asociaciones sociales (sin ánimo de lucro) que tienen la sede en el domicilio particular del funcionario y que crecen con los servicios que les contrata el consistorio, algunos de ellos, como los de los conserjes y mantenimiento de instalaciones deportivas, con los informes favorables de su padre, funcionario máximo del Patronato de Deportes.

En un principio, la denuncia no iba dirigida única y exclusivamente contra el alcalde de Crevillent. Más bien ponía de relevancia una serie de supuestas irregularidades en la gestión del Patronato de Deportes: informes favorables del funcionario a las empresas del hijo; cobro de servicios por parte de estas mercantiles no fiscalizados y en instalaciones cerradas, prórrogas de esas mismas contratas, etc...

Como el procedente en estos casos, tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción se dirigió al alcalde de Crevillent para que remitiera la documentación pertinente y explicara la sucedido. Y la respuesta delató al primer edil y puso en alerta al fiscal: en su contestación, César Augusto Asencio vino a decir dos cosas, que al final han acabado siendo un contradicción y por esa razón, el fiscal Pablo Romero, resposanble de los juzgados de Elche-Orihuela, ha acabado incluyéndolo en la denuncia.