VALÈNCIA (EFECOM). Los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE) mostraron este jueves su rechazo a establecer un plazo máximo obligatorio de 30 días para el pago de facturas a empresas tanto para entidades públicas como privadas porque sería "demasiado restrictivo", al tiempo que reclamaron flexibilidad para sectores y productos específicos.

Los ministros de Industria de los Veintisiete mantuvieron un debate sobre esta propuesta legislativa en el que coincidieron en la necesidad de actuar para atajar la morosidad, que afecta especialmente a las pymes, pero rechazaron hacer más estricto el límite actual, que es de 30 días pero que se puede ampliar a 60 o más con bastante facilidad.

En el intercambio, muchas delegaciones apuntaron que eliminar las excepciones sería "demasiado restrictivo" y limitaría la libertad de las empresas de fijar sus propias cláusulas contractuales. Añadieron, además, que "en la práctica no funcionará" y que podría ser "incluso perjudicial".

En esta línea se pronunciaron la inmensa mayoría de los Estados miembros y solo se mostraron partidarios de establecer este tope Polonia y Países Bajos, que propuso al resto de socios una solución de compromiso que pasaría por fijar 30 días estrictos sólo en dos casos: los contratos de entidades públicas con cualquier empresa o los contratos de grandes empresas con otras más pequeñas.

El resto mostraron su preferencia o bien por mantener la redacción actual o bien por introducir flexibilidades que tengan en cuenta la estructura económica de cada Estado miembro, los diferentes sectores - bastantes mencionaron la sanidad o la agricultura - o los productos de cada transacción.

El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió ante sus colegas europeos que reducir a 30 días el plazo máximo de pago "en todas las operaciones comerciales indistintamente de las particularidades del sector de actividad o de la naturaleza del contrato puede tener efectos indeseados" y en algunos casos "excepcionales" y bajo "determinadas condiciones previstas" podría estar justificado ampliar el plazo.

"Establecer un plazo único podría dar problemas de gestión de liquidez al final de la cadena de valor, provocar aumentos de costes logísticos, reducir la oferta y el stock en el comercio minorista y tensiones de tesorería en empresas europeas exportadoras con clientes de terceros países con legislaciones más flexibles", advirtió.