CASTELLÓ. La crisis sísmica que en septiembre de 2013 vivió el Maestrat, derivada de la inyección de gas en el almacén Castor, motivó que "posteriormente se instalase un sistema de alarma a tiempo real para cualquier magnitud", algo de lo que antes carecía el proyecto, que ni siquiera tenía un umbral de riesgo concreto. Es la responsable de la monitorización de los terremotos en aquella época y empleada del Observatori de l'Ebre, Estefanía Blanch, la que así lo transmitió en respuesta a la acusación particular en la segunda sesión del juicio que trata de determinar la responsabilidad de la empresa Escal UGS y de sus dos principales responsables, todos acusados de un delito ambiental.
Según Blanch, que era la persona que seguía más de cerca los movimientos sísmicos en la zona, lo registrado a raíz de la tercera fase de inyección de gas en el Castor fue una "anomalía comparado con años precedentes". No en vano, según destacó la fiscal del caso, Dolores Ofrecio, desde 1975 a 2013 en la zona se registraron 108 eventos sísmicos, y solo del 9 al 11 de septiembre de aquel año, en plena fase de inyección de gas fueron "casi 50". Eso sí, una vez pasada la crisis sísmica, a partir de noviembre y durante todo 2014, "la sismicidad volvió a valores anteriores a la inyección", reconoció Blanch a preguntas de la defensa.
