VALÈNCIA. "El presidente, el secretario general y el director de Formación de la Confederación de Empresarios de Castellón tomaron la decisión de disponer de la cantidad de 190.770 euros que había sido transferida [...] para el pago de unas actividades de formación [...] y la destinaron a fines distintos del pago a los impartidores de los cursos de formación". Así de tajante es el juez en la sentencia que condena a la excúpula de la antigua patronal de Castellón (CEC) a dos años de prisión por un delito de apropiación indebida: según el juez, los tres responsables desviaron una subvención de 190.000 euros prevista para cursos de formación.
El fallo, emitido el pasado 28 de abril, considera probado que tanto el que fuera secretario general de la CEC, Rafael Montero; su presidente, José Roca; y el que era director de Formación de la confederación, José Antonio Espejo; tuvieron una participación "directa, material y voluntaria" en la 'desaparición' de este dinero -se desconoce en qué se gastaron los 190.000 euros-, que tendría que haber ido a pagar 18 facturas a tres empresas que impartieron los cursos formativos en 2010. Su impago motivó la reclamación por parte de las compañías.
La subvención se abonó efectivamente por parte de la Generalitat Valenciana a la Confederación Empresarial de Castellón a través de la patronal autonómica, Cierval. Pero el dinero nunca llegó a su destino, según considera probado el juez: "Algunos de los cursos que efectivamente fueron impartidos conforme al Plan Formativo no fueron abonados a las entidades privadas que los llevaron a cabo". En ese sentido, durante el juicio, las empresas demandantes acusaron de mentiras al entonces director de Formación, José Antonio Espejo.
Según explicaron las empresas, empezaron a reclamar a Espejo las cantidades adeudadas y este les dijo "que no había dinero" porque la Generalitat Valenciana no había liquidado la subvención y que "había en marcha un contencioso a punto de resolverse". Con el paso del tiempo, el responsable de Formación de la patronal daba cada vez "excusas más peregrinas", según las firmas, que acabaron acudiendo a consultar al servicio de empleo de la Generalitat, el Servef, donde informaron de que efectivamente los fondos sí habían sido transferidos y que por su parte "no existía deuda alguna".
Tras ser notificados de que el dinero no había sido abonado a las empresas prestatarias del servicio, el Servef llevó el caso a la Fiscalía, dado que había prescrito el plazo para iniciar un expediente de devolución. Así pues, las acusaciones particulares insistieron en que no puede alegarse que los acusados desconocían lo ocurrido, bien por tener firma en las cuentas bancarias en el caso de los dos máximos dirigentes, bien por las "milongas" y "mentiras" de Espejo.
