VALÈNCIA. Los protocolos internos y organizativos internos de la EMT de València eran vulnerables cuando se produjo la rocambolesca estafa de cuatro millones de euros, perpetrada por defraudadores todavía anónimos. Así lo considera acreditado el documento de conclusiones de la comisión de investigación creada en el seno de la empresa pública, según el cual se han constatado "vulnerabilidades no resueltas" en la EMT, tanto en el procedimiento de conciliación bancaria como en el control de la tesorería, y en la falta de un protocolo organizado para la delegación de funciones en situación de baja o permiso.

Circunstancias que jugaron su papel en la estafa, tal como ya se había venido publicando, y que ahora quedan reflejadas negro sobre blanco en el borrador de conclusiones de la comisión, presentado a los miembros de la comisión por la presidenta, Elisa Valía, y que se votará en la que el gobierno municipal pretende que sea la última sesión del órgano, este miércoles.

Todo ello recoge el texto pese a que el presidente de la empresa municipal, Giuseppe Grezzi, el gerente -recién despedido-, Josep Enric García, y el alcalde, Joan Ribó, habían sostenido durante este año y de manera reiterada que los protocolos internos no habían fallado y que los únicos errores eran responsabilidad de la empleada engañada, la jefa de Administración Celia Zafra, y la entidad bancaria que tramitó los pagos, Caixabank.

Sobre ellos, precisamente, el documento asegura que están siendo objeto de investigación en el proceso judicial, por lo que "no se hace referencia" a sus posibles responsabilidades judiciales. Por ello el escrito se centra en esclarecer qué falló en el seno de la firma pública antes y durante el fraude. Así, las conclusiones señalan deficiencias, por ejemplo, en el control de la tesorería de la empresa. Concretamente, reza el escrito, la vulnerabilidad reside en "la falta de delegación de funciones" de la jefa de Gestión, María Rayón, que se encontraba entonces de baja por maternidad, y que es la superior de Zafra en el organigrama.

Ahora bien, la manera de funcionar no estaba registrada en ningún lugar, y tampoco las funciones de cada empleado.  "No se puede verificar en ningún protocolo ni relación de funciones de los puestos" a quién correspondía la tarea de revisar las cuentas, reza el documento. Las diferentes empleadas del área señalan que estos asuntos los despachaban entre Rayón y Zafra. Según la primera, la competencia era de Zafra. Ésta no compareció tras ser despedida ipso facto por el fraude.