CASTELLÓ. "Era sismicidad natural". Con esta sorprendente sentencia, el exconsejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, cerró, en respuesta a su abogado, su declaración en la primera sesión del juicio que trata de concretar la responsabilidad de él mismo, la empresa y el expresidente de la misma, Recaredo del Potro, en la crisis sísmica que en septiembre y octubre de 2013 sacudió la costa norte de Castellón.

La frase es un burdo resumen de sus declaraciones en la sesión inaugural del proceso penal, en las que ambos negaron cualquier relación entre la inyección de gas y los cientos de terremotos (hasta 3.500 según algún estudio) que hicieron temblar las viviendas y a los vecinos de Vinaròs y de muchas localidades cercanas durante semanas. En las dos horas en que los dos responsables de Escal UGS declararon este lunes en la sala 20 de la Ciutat de la Justícia de Castellón, ambos trataron de demostrar su desvinculación con cualquier tipo de decisión que motivase los terremotos. 

Por ejemplo, al señalar, en ambos casos, que nadie percibió, durante la inyección de gas, ningún temblor. O cuando Del Potro apuntó que la empresa redujo la intensidad de la inyección de gas al aumentar la sismicidad el día 12 de septiembre, días después de retomar esta actividad y uno antes de que el Observatorio del Ebro les pidiese bajar el caudal, que era el máximo. Un aspecto curioso porque, según destacaron los dos, la presión de la inyección, siempre alrededor -según dijeron- de los 7 u 8 bares, estaba muy lejos del umbral de 49 que podía causar problemas. 

"Algo que no esperábamos"

A pesar de esto, tras retomar la inyección de gas a inicios de septiembre -tras las fases de julio y agosto, de pocos días de duración- los empleados de Escal UGS y el propio Observatorio del Ebro, encargado de vigilar la sismicidad del proceso, comprobaron que "estaba sucediendo algo que no esperábamos, que no estaba en la rutina", reconoció Recaredo del Potro a la fiscal del caso, Dolores Ofrecio.