VALÈNCIA. El pasado jueves, festivo en toda la Comunitat Valenciana por ser el día de San Juan, la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, viajó a Torrevieja para reunirse con el comité de empresa del hospital de la ciudad (de gestión público-privada y en proceso de reversión) y anunciarles que sería la propia Generalitat Valenciana la que asumiría al personal tal y como se hizo en Alzira.

De esta manera, el PSPV-PSOE ponía fin de forma abrupta a su intención desde hace meses de impulsar una Empresa Pública de Salud (EPS) que sirviera, no solo para gestionar a los trabajadores de esta reversión, sino también otras cuestiones como la prestación del servicio de las resonancias magnéticas.

Un portazo que se daba de una forma más bien rocambolesca: convocando a los medios de comunicación sólo con una hora de antelación (una forma habitual de trabajar de Barceló y su entorno desde el inicio de la pandemia) y con un cambio de ubicación de la cita y de la posterior rueda de prensa (a un minuto de comenzar la reunión) por, según la versión oficial, una "pérdida de llaves" cuando la realidad es que la empresa adjudicataria no quiso facilitar la apertura del salón de actos.