VALÈNCIA. La confirmación de la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Parc Sagunt II desencadenó rápidamente una celebración global ante la incorporación que transformará el territorio industrial: un impacto económico directo de 650 millones de euros en la Comunitat Valenciana y un ingreso de 15,6 millones de euros netos en Sagunt. A priori, una gran 'fiesta del dinero' en la que todo el mundo tiene cabida... ¿o no?

Con una inversión total de 4.500 millones de euros en el periodo 2023-2026, la multinacional alemana busca posicionarse como uno de los principales motores de desarrollo económico, llegando a generar hasta 40.000 empleos. Puede parecer complicado salir perjudicado de esta situación, pero, a pesar de los millones recibidos, los propietarios de los terrenos, la mayoría agricultores, se sienten no invitados a la celebración, puesto que la Generalitat se niega a pagar los precios decretados por el Jurado Provincial de Expropiaciones (JPE).

Este organismo de arbitraje ha actuado como intermediario para solucionar las discrepancias entre las valoraciones ofrecidas por la Administración y las solicitadas por los agricultores. Su resolución fue favorable para el colectivo agrícola y dictaminó que el precio de las parcelas era mayor al fijado por la Generalitat. Una respuesta que la empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) -responsable de la gestión del parque y participada al 50% por la Generalitat- no acepta, por lo que ha interpuesto 800 recursos contencioso-administrativos contra el justiprecio marcado por el jurado.