VALÈNCIA. La Conselleria de Educación sigue avanzando en los trámites para poner en marcha el nuevo sistema de bolsas de docentes interinos de la enseñanza pública valenciana. La nueva fórmula que plantea el departamento que encabeza Carmen Ortí pretende unificar el complejo entramado normativo que regula actualmente este tipo de procesos e introduce como principal novedad un formato de "incorporación continua" que permitirá que los profesionales puedan entrar en bolsa sin esperar a la convocatoria de oposiciones u otros procedimientos extraordinarios como el de difícil cobertura.
Aunque la Administración educativa lleva meses trabajando en la elaboración de este texto, es ahora cuando la norma — con rango de decreto — ha salido a audiencia ciudadana. Superado este proceso, el proyecto volverá a pasar por mesa sectorial para la negociación con los sindicatos, así como cumplir el resto de trámites previstos antes de su aprobación definitiva por el Gobierno autonómico, por lo que todavía es susceptible de cambios antes de su aprobación.
En cualquier caso, el borrador del decreto establece un nuevo sistema con dos modalidades de acceso a las bolsas de personal docente interino: participar en oposiciones y superar al menos una de las pruebas o entrar mediante un "sistema de incorporación continua". En consecuencia, este mecanismo terminará con la adjudicación de puestos a través de la difícil cobertura al no resultar "necesario" recurrir a ella.
Baremación de méritos y posible prueba de aptitud eliminatoria
En concreto, el mecanismo pretende que los maestros y profesores puedan entrar a bolsa en diferentes convocatorias que plantee la dirección general de Personal Docente. Los aspirantes podrán participar en dichos procesos a través de medios electrónicos acreditando que cumplen con los requisitos exigidos en su especialidad y aportando cualquier tipo de documentación que cuente como mérito.
Y es que, en líneas generales, la selección de aspirantes sería mediante la baremación de méritos, hasta un máximo de 100 puntos. La experiencia docente en centros públicos podrá contar hasta 40 puntos, mientras que la adquirida en otro tipo de centros tendrá un tope de 10. Las titulaciones académicas que no sean requisito de acceso contarán hasta 20 puntos. El conocimiento del valenciano podrá contar un máximo de 10 puntos, criterio que también se aplica para las lenguas extranjeras. Por su parte, la superación de oposiciones docentes sumará hasta 5 puntos y la acreditación de la competencia digital docente hasta otros 5 puntos.
En todo caso, el decreto deja en manos de cada convocatoria específica la posibilidad de fijar requisitos más concretos en torno a documentos acreditativos o subapartados de los citados méritos. Tras la comprobación y alegación sobre la baremación, se publicará una resolución definitiva que determinará el orden de las personas aspirantes.
También se deja abierta la puerta a que, en especialidades concretas, se requiera una prueba de aptitud "previa y eliminatoria" en la que será necesario obtener al menos un cinco sobre diez para pasar a la fase de la valoración de méritos. En estos casos, el resultado de este examen contará un 60% del proceso de selección, mientras el 40% restante será determinado por los méritos.
El decreto establece que el personal docente inscrito en bolsas existentes mantendrá el puesto que venía ocupando. Tras ello, las nuevas listas distinguirán entre quienes ya han prestado servicios como interinos en la enseñanza pública valenciana y quienes todavía no han trabajado. En este segundo grupo, tendrán prioridad los aspirantes procedentes de oposiciones, mientras que quienes accedan por el sistema continuo se ordenarán por la puntuación obtenida en el baremo.
La nueva normativa mantiene la capacidad de los profesionales de desactivarse de la misma en cualquier momento. En todo caso, los puestos ofertados seguirán siendo de provisión voluntaria, por lo que "en ningún caso podrá efectuarse la adjudicación forzosa". Eso sí, los destinos que un docente solicite y se le sean adjudicados tendrán "carácter irrenunciable", salvo en "situaciones excepcionales de fuerza mayor". El proceso de solicitud también se mantiene en líneas generales: las peticiones serán telemáticas, seleccionando por orden de prioridad entre los puestos ofertados.
La implementación de este sistema se acometería de manera "gradual y progresiva" una vez entre en vigor el decreto. En este sentido, se irían publicando las fechas en las que el mecanismo entraría en funcionamiento para cada especialidad. Mientras tanto, la Conselleria podría seguir utilizando los actuales procedimientos para la cobertura de puestos temporales.
Las vacantes a partir del 1 de enero terminarán el 30 de junio
Por otro lado, el decreto señala que las vacantes (se adjudican para todo el curso) ofertadas hasta el 31 de diciembre se extenderán hasta finales del curso, de manera que los docentes cobrarán los salarios de julio y agosto. Por el contrario, aquellas que se ofrezcan a partir del 1 de enero terminarán su vigencia el 30 de junio. También concluirán en dicha fecha las sustituciones, tanto determinadas como indeterminadas, salvo que la persona titular se reincorpore previamente.
Por su parte, los nombramientos por reducciones de jornada serán trimestrales y se prorrogarán si la administración no comunica la extinción de su nombramiento, el sustituto no solicita su cese ni el titular de la plaza se reincorpora en el puesto. En todo caso, los interinos tendrán considerado como "servicio efectivo" el periodo de vacaciones retribuidas que les correspondan.
Volver al puesto si el titular cesa de nuevo en cinco días
Cuando una persona interina cesa en su puesto, volverá a la bolsa en la posición que ya tenía previamente. El decreto, eso sí, establece un mecanismo en el que, si la persona funcionaria que regresa a su puesto vuelve a dejar de prestar servicio en los cinco días hábiles posteriores al cese del interino, este último podría reincorporarse en el puesto. En cualquier caso, el aspirante tendrá la opción de rechazar esta opción sin que ello suponga penalización alguna.
La inactividad durante cinco años será objeto de expulsión
Por otro lado, el documento publicado por la Conselleria es más laxo que en otros puntos de la negociación en torno al tiempo que un docente tiene que estar inactivo para ser expulsado de la bolsa. En concreto, un maestro o profesor debe estar cinco años sin formular peticiones de puestos en una bolsa para dejar de formar parte de la misma.
La Administración educativa establece otros supuestos en los que el personal dejaría de estar en bolsa, teniendo en cuenta una serie de "garantías". Entre otras cuestiones, figura el hecho de abandonar sin causa el puesto de trabajo, no tomar posesión de una adjudicación salvo en casos de fuerza mayor o no acreditar la posesión de la documentación necesaria para estar en dicha bolsa.
Comportaría la exclusión de las bolsas de todos los cuerpos y especialidades los docentes que sean condenados en sentencia firme por un delito sexual, que hayan sido sancionados por una falta de disciplina grave o muy grave, que estén inhabilitados para un cargo público o que sean removidos de su puesto de trabajo.
Comisión de seguimiento sobre el decreto
El decreto fija que la Conselleria deberá facilitar información periódica a los sindicatos con representación sobre la gestión de las bolsas y fija la posibilidad de constituir una comisión de información y seguimiento para analizar el funcionamiento de estas bolsas y formular propuestas de mejora. Entre otras cuestiones, el proyecto de decreto también mantiene que el personal de centros concertados pueda pedir su inscripción en la bolsa de interinos de su especialidad cuando se quede sin trabajo por la reducción de unidades concertadas. También incorpora una regulación específica para la provisión temporal de puestos de inspección educativa mediante inspectores accidentales.
Desde la Conselleria de Educación defienden que el nuevo sistema "permitirá mantener las bolsas permanentemente actualizadas, agilizar la disponibilidad de profesorado y mejorar la capacidad de respuesta de la Administración ante las necesidades de los centros educativos". Además, remarcan que la elaboración de este decreto "refuerza la transparencia y la seguridad jurídica en los procedimientos de selección, ordinación y adjudicación de puestos".
