VALÈNCIA. Cuatro directivos, un banco, cuatro millones de euros robados y un plan de control que no funcionó. Es el esquemático resumen de una estafa inédita en València, que este septiembre afectó a la EMT y cuya autoría se desconoce por el momento. Pero mientras se desarrolla la investigación judicial, la política no ha hecho más que empezar en la comisión de trabajo que se reunirá en la compañía municipal este 30 de octubre para tomar declaraciones por primera vez.
El propósito: dilucidar si habitualmente se cumplían los protocolos establecidos y detectar dónde se produjeron los fallos en los sistemas de control. Aunque, en realidad, la empresa que dirige el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi, y cuya gerencia ostenta Josep Enric García, insiste una y otra vez en culpar de saltarse los protocolos a la que fuera jefa de Administración, Celia Zafra -despedida fulminantemente- y a la entidad bancaria que permitió las transferencias, Caixabank.
Una consideración que tiene sustento en la documentación de la que se dispone por el momento pero que no exime a la empresa de contar con unos reglamentos que, por ejemplo, no dejen recaer en un mismo empleado más de una función: en septiembre, más de una tarea de control fue asumida Zafra, de manera que los cortafuegos establecidos no fueron eficaces.
Incumplimiento inevitable de los protocolos
Y es que, septiembre fue un mes de condiciones excepcionales en la empresa pública: tanto el gerente, Josep Enric García, como la directiva situada en el escalón inferior, la jefa de Gestión, María Rayón, estaban inoperativos. Uno estaba de viaje -aunque, según fuentes internas, volvió en la primera mitad de septiembre-, y Rayón se encontraba de baja maternal.
Por debajo en el organigrama se situaban dos directivas que sí estaban trabajando: la directora de Finanzas, Esmeralda Aparisi, y en el cuarto escalón, la mencionada jefa de Administración, Celia Zafra, quien presuntamente fue engañada por los estafadores. Estos suplantaron la identidad de Grezzi y de un supuesto abogado de Deloitte para convencerla de suscribir una carta de confidencialidad y tramitar los pagos para la compra de una empresa en China a dos cuentas situadas en Hong Kong sin pedir la supervisión de sus jefes.
