VALÈNCIA. "Una gestión pública que ha procedido a fraccionar la actuación integral prevista, fraccionamiento que ha generado la tramitación de dos contratos menores, que el segundo de ellos no fue ejecutado y ha causado un perjuicio directo a las arcas municipales, sin que conste la depuración de las responsabilidades que resulten procedentes". Es el último párrafo del informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude sobre cómo se hicieron las obras de reparación del Teatre El Musical (TEM) desde la concejalía de Acción Cultural de València, dirigida por María Oliver el pasado mandato.

El informe hace un análisis pormenorizado de la contratación de los servicios para reparar la cubierta del TEM, y no deja títere con cabeza. Desde la concejalía de Oliver se requirieron cuatro contratos menores que sumaron 92.000 euros con la finalidad de reparar la cubierta en el teatro. Sobre ellos, la Agencia que dirige Joan Llinares ha detectado numerosas irregularidades de calado.

En la retahíla de consideraciones señaladas se incluyen contactos previos a la contratación entre la administración y los adjudicatarios finales, la posible concertación de precios entre ambas partes, la falta de concurrencia y de un estudio del mercado, el fraccionamiento de las actuaciones y el abono de pagos por actuaciones no realizadas finalmente.

Contactos previos

Por una parte, Antifraude asegura en su contundente informe que hubo contactos previos entre la administración y empresas adjudicatarias antes de que se hicieran las contrataciones. Un mes antes de las adjudicaciones, en octubre de 2017, la concejalía envió a la empresa Carratalá Arquitectos un informe de solución técnica para la cubierta en el que se indica que este estudio de arquitectura "está llevando el proyecto", sin que se hubiera realizado todavía ninguna contratación.

En el expediente se constata que los contactos entre el Ayuntamiento y la empresa se mantenían desde hacía un año y que, "pasado un tiempo" desde las primeras conversaciones, la dirección del teatro instó a la compañía a "presupuestar con más detalle el alcance de los trabajos". Un día antes de que se adjudicaran los dos primeros contratos para las obras, ya en noviembre de 2017, uno de los arquitectos de dicho despacho remitió al consistorio la memoria valorada para las actuaciones en la cubierta del teatro.

Aunque Antifraude no ha comprobado vínculo alguno entre el despacho Carratalá Arquitectos con el consistorio, Antifraude insta al Ayuntamiento a explicar por qué el arquitecto participó en reuniones previas a ser contratado con los futuros contratistas -la concejalía de Oliver-.