VALÈNCIA. La acelerada implantación de energías renovables en el Valle de Ayora ha encendido la polémica. La Asociación Naturalista de Ayora y la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables han elevado una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que denuncian el incumplimiento del derecho comunitario en la tramitación y aprobación de 25 macroproyectos fotovoltaicos y dos instrumentos de aceleración de su implantación en la comarca y en la provincia colindante de Albacete. 

La queja, presentada en septiembre y admitida a trámite el pasado 17 de enero, señala que la tramitación fraccionada de estos proyectos ha permitido evitar una evaluación ambiental rigurosa y omitir estudios sobre el impacto global en la Red Natura 2000 y otras zonas protegidas. “Han esquivado la evaluación ambiental ordinaria, más exigente y exhaustiva, cubriendo el expediente con meros informes”, afirma la presidenta de la Asociación Arba Alto Palancia y miembro de la coordinadora, Mònica Picot. 

La preocupación por los efectos ecológicos se suma a la denuncia de la conversión de tierras agrícolas en polígonos industriales de energías renovables, lo que afecta gravemente a la actividad agraria. “En algunos municipios, más del 50% de las tierras de cultivo de secano serán ocupadas por estas centrales”, advierte Picot en declaraciones a Valencia Plaza. Esto, según exponen los denunciantes, podría traducirse en la desaparición de la agricultura y el turismo rural como motores económicos de la zona. 

“El impacto económico sería devastador”, afirma Picot. “¿Quién querrá hacer turismo rural en un lugar donde lo que antes era un paisaje natural ahora es un parque industrial de placas solares?”, se pregunta. Además, señala que los agricultores verán reducidas sus posibilidades de subsistencia “porque los campos desaparecerán, afectando no solo a su economía, sino a toda la cadena productiva local”. 

Por otra parte y según explica Picot a este diario, los 25 proyectos se presentan de forma individual, pero en la práctica se sitúan “de manera contigua y conectados entre sí”, formando un “puzzle energético” en la zona. Además, la denuncia subraya que esta estrategia de fraccionamiento ha llevado a una evaluación parcial del impacto ambiental, evitando un análisis global de los efectos sobre especies protegidas como el águila perdicera o el aguilucho cenizo, así como sobre los grandes corredores ecológicos de la zona. 

• Panorámica de Jarafuel, en la comarca del Valle de Ayora -
• Ubicación Racional de las Energías Renovables

Industria insiste en la "mínima afección" sobre el terreno agrícola

Desde la Conselleria de Innovación e Industria, el director general, Manuel Rosalén, rechaza las acusaciones de tramitación irregular y asegura a este diario que “se han evaluado con conocimiento del resto de proyectos del entorno”. Sobre la elección de terrenos agrícolas en lugar de espacios ya degradados, Rosalén argumenta que “hay suelo abandonado con valor agrológico, y la proporción utilizada es mínima en comparación con el total disponible”. 

En cuanto a la falta de participación ciudadana en la tramitación de estos proyectos fotovoltaicos, Rosalén defiende que sí ha habido un proceso de información pública y que “todo ciudadano ha podido opinar en la instrucción”. Además, menciona la existencia del Decreto Ley 7/2024, que permite a los ayuntamientos omitir informes y participar en la evaluación de compatibilidad urbanística. 

Sin embargo, el caso del Valle de Ayora no es el único de la Comunitat Valenciana que ha llegado a instancias europeas. En esa línea, Compromís ha anunciado que llevará su rechazo a la instalación de una macroplanta fotovoltaica en Alcoy ante las autoridades de Valencia, Madrid y también Bruselas. De este modo, queda reflejada la creciente preocupación por la proliferación de proyectos renovables en zonas naturales y agrícolas sin una adecuada planificación ambiental. 

“Estudiamos llevarlo por vía judicial”

Los colectivos ecologistas recuerdan que existen alternativas viables para la instalación de energías renovables sin comprometer los ecosistemas rurales. “Se deberían priorizar espacios ya degradados, como polígonos industriales, tejados de edificios públicos y privados, autopistas o incluso vías de tren, como ya se hace en otros países europeos”, propone Picot. 

Ante la falta de respuesta institucional efectiva, las asociaciones han dejado claro que están dispuestas a llevar el caso a la vía judicial si la Comisión Europea no atiende su queja. “Nos han llamado zona de sacrificio, pero no lo aceptamos. Vamos a llegar hasta el final”, sentencia Picot.