VALÈNCIA. No ha dejado indiferente a nadie la propuesta de la alcaldesa de València, María José Catalá, para aplicar una moratoria de un año a los pisos turísticos en el Cap i Casal mientras se introducen nuevas restricciones en la normativa municipal. La primera edil anunció el pasado viernes que la concejalía de Urbanismo presentaría al pleno municipal de este martes la iniciativa para suspender temporalmente la concesión de licencias, una medida que incluso estudió la izquierda pero que no llegó a aplicar el pasado mandato y en la que venían insistiendo Compromís y PSPV durante este primer año de Catalá al frente del gobierno local.
La medida supondrá dejar de dar permisos a pisos turísticos dispersos -quedan fuera los bloques exclusivos de apartamentos- durante doce meses mientras se cambian las normas urbanísticas para introducir limitaciones permanentes. Eso es lo que se ha conocido por el anuncio de Catalá, porque a última hora de este jueves la oposición aseguraba que el PP todavía no había registrado la propuesta de cara al pleno de este martes, y de hecho sus socios de gobierno, el grupo de Vox que dirige Juanma Badenas, dejaban en el aire su intención de voto y emplazaban a la convocatoria previa al pleno para anunciarlo.
El ala popular del ejecutivo local confía en sacar adelante la iniciativa, para la que necesita el apoyo de al menos otra fuerza política. Este lunes, sin ir más lejos, Catalá explicaba que su percepción es que tanto PSOE y Compromís "venían pidiendo" la moratoria "anteriormente", por lo que le parecería "bastante incoherente que ahora dijeran que no era lo que pedían". En el bloque de izquierdas, por su parte, afean que incluso este lunes por la tarde no se conociera todavía el texto que se llevaría a votación, por lo que el clima de incertidumbre es notorio.
Ciertamente, la moratoria era una de las principales reclamaciones en este ámbito de los partidos de izquierdas, que han convertido la batalla contra la irrupción descontrolada de apartamentos turísticos en uno de sus principales caballos de batalla contra el ejecutivo local, al que han llegado a acusar de connivencia con el sector. Compromís incluso ha creado una web para denunciar apartamentos y obras ilegales. Por ello, la iniciativa de Catalá, que ha generado especial malestar en el sector de pisos turísticos y tampoco ha tenido la pública adhesión empresarial a priori, deja fuera de juego buena parte de los argumentos de la oposición, a juicio del equipo de la alcaldesa.
Cabe recordar que el pasado mandato, el gobierno local aprobó restricciones especiales en Ciutat Vella y Cabanyal, pero no modificaciones globales en la normativa urbanística de toda la ciudad. En ese sentido, la concejala de Vivienda, Isa Lozano, de Compromís, anunció la intención de aplicar una moratoria en la mayoría de la ciudad a la implantación de bloques exclusivos de apartamentos turísticos. Una idea que pretendía afectar hasta a 37 barrios del municipio y que no contó con el apoyo de los socialistas, cuya portavoz, Sandra Gómez, dirigía la concejalía de Urbanismo. El PSPV manifestó dudas jurídicas y legales al asegurar que no se podía implantar una restricción de este calado de una forma generalizada porque corría el riesgo de judicializarse.
Así pues, Gómez replicó con la propuesta de ampliar el veto también a otro tipo de negocios como por ejemplo los fondos buitre o los edificios dedicados exclusivamente a oficinas, y a final de mandato encargó la realización del estudio. Pero llegaron las elecciones y la medida quedó en el aire. Por ello, Gómez insistía en que el nuevo gobierno tenía mucho trabajo adelantado. Aunque ahora, la propuesta de Catalá es muy diferente: no afectará a bloques exclusivos sino únicamente a pisos turísticos en comunidades de propietarios.
