VALENCIA. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, máximos responsables de los departamentos de la Generalitat con competencia en función pública y política lingüística, han llegado a un acuerdo con los sindicatos con respecto al requisito lingüístico que se exigirá a los funcionarios de la Adminsitración valenciana. Los mínimos de valenciano exigibles quedarán recogidos en un documento que deberá promulgarse en los seis meses próximos a la entrada en vigor de la nueva ley. Antes se hablaba del plazo de un año. 

Durante una reunión con las centrales sindicales que mantenían posiciones enfrentadas en la cuestión (UGT, CCOO e Intersindical), los consellers han presentado cómo quedará recogido el requisito lingüístico en el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público. Posteriormente la consellera Bravo se ha reunido con los representantes de  CSI·F y FSES, dada su condición de organizaciones presentes en la Mesa General de Negociación de la Generalitat para transmitirles lo mismo.

De esta manera se desbloquea el camino de la Ley de Función Pública, una norma polémica desde su arranque, en tanto que había logrado enfrentar a los socialistas y a los miembros de Compromís dentro del Gobierno autonómico. La medida permitirá que el decreto, anunciado como uno de los compromisos del Consell para el nuevo curso, siga su cauce y sea aprobado. Sin embargo, su validez estará sujeta a la llegada de un documento donde se establezca la competencia lingüística en un plazo máximo de seis meses a partir de su vigencia.