En una de las primeras noches de febrero, metido en la cama con los pies fríos y la mano caliente, dudo sobre qué tema escribir. Me gustaría hacerlo sobre el arte de Rosalía y la novia que Kiko Matamoros tiene en Albacete, ciudad conocida por su popular feria, amén de sus hombres atractivos e interesantes. Pero al final tiro por lo serio, pragmático y aburrido, por el coñazo catalán, para no defraudar a mis amigos reaccionarios, que me invitaron a la manifestación de Madrid. Excusé la asistencia porque cada vez llevo peor las multitudes. Recé por ellos en el último banco de la hermosa iglesia del Patriarca de València.  

Valga este artículo, escrito con frialdad y sin demasiado fervor, como modesto granito de arena para forzar la salida de Pedro el aventurero.

Hablaré, cómo no, del juicio a los dirigentes independentistas que dieron un golpe contra el Estado en octubre de 2017. Por desgracia no figuro entre los 600 periodistas acreditados para cubrir el juicio en el Tribunal Supremo, así que me conformaré con seguir el sainete separatista por televisión.

En mi mesita de noche tengo un libro que acabo de terminar, Azaña y Cataluña, escrito por Josep Contreras. Feliz coincidencia la de que este ensayo histórico haya caído en mis manos en vísperas del juicio. Es un libro de extraordinaria vigencia porque nos presenta a un don Manuel Azaña desengañado del nacionalismo catalán, en sus años de presidente de la II República. Él fue el principal promotor del Estatuto catalán de 1932. Se ganó el apelativo de “amigo de Cataluña”; años después será, sin embargo, censurado por su anticatalanismo. Azaña, que vivió parte de la guerra civil en Cataluña, se sintió ninguneado y abandonado por la Generalitat de Companys. Llegó a temer por su vida; se sentía un prisionero del Gobierno catalán.

La deslealtad que va de Companys a Puigdemont

¿Qué relación hay entre el Azaña de la guerra y los sucesos ocurridos en Cataluña en 2017? En ambos periodos los nacionalistas catalanes se comportaron con idéntica deslealtad hacia el Estado español del que emanaba su poder. Puigdemont y Junqueras actuaron con la misma felonía que Macià en 1931, cuando dio un golpe de Estado nada más proclamarse la II República, y Companys, que se levantó contra un Gobierno legítimo en 1934, y en la guerra usurpó las competencias del Estado.

Companys fue juzgado por el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1935. Fue condenado a treinta años de cárcel por un delito de rebelión militar. No los cumplió porque fue indultado tras el triunfo del Frente Popular.