VALÈNCIA. La Policía Nacional cruzaba el 27 de junio de 2018 las puertas de la Diputación de Valencia en una imagen que desencadenaba una pregunta generalizada: ¿En serio otra vez? La corporación provincial volvía a ser objeto de una investigación judicial. Sorpresa. Estallaba el llamado caso Alquería, coordinado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Detenciones, registros, terremoto político y un procedimiento judicial que ponía de nuevo el foco en las supuestas malas prácticas llevadas a cabo en la empresa pública encargada de la gestión de las brigadas forestales. La antigua Imelsa, en ese momento Divalterra y hoy totalmente liquidada. En esta ocasión, las indagaciones se centraban en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos. Un uso del dinero público de poco agrado para los investigadores.

La empresa ya era conocida. Y no para bien, muy a pesar de sus trabajadores. Imelsa había dado origen, en 2016, a otra macrocausa llamada Taula que consistía en una supuesta red trazada por cargos del PP para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones o mordidas en varias administraciones públicas (Diputación de Valencia, Generalitat y algunos ayuntamientos). Mientras esa investigación y sus polémicos audios todavía coleaban en aquel momento, otro escándalo saltaba. Pero esta vez afectaba a la izquierda. PSPV y Compromís quedaban salpicados directamente por el caso Alquería, que este 19 de septiembre, más de cuatro años después de los arrestos, inicia la celebración del juicio.

El primer gran juicio del Botànic, con quince personas en el banquillo. Político, más que penal, aunque la instrucción se haya basado en lo segundo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Durará un total de veintiuna sesiones hasta el próximo noviembre. 

En aquel día de junio, el presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, era detenido a primera hora de la mañana. A continuación, se producían otros arrestos, como el de los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart. Simultáneamente, se llevaban a cabo ocho registros en la Diputación, el Ayuntamiento de Ontinyent y los domicilios particulares de los encausados.

En unas horas, que los protagonistas mantienen vivas, los detenidos —entre ellos Rodríguez— permanecieron durante la noche en el calabozo. Al día siguiente pasaron a disposición judicial y fueron puestos en libertad con cargos. Lo ocurrido dejaba al PSPV —y también a Compromís— en estado de shock. El discurso oficial comenzó a basarse en que la causa no era de corrupción sino administrativa —pese a que los delitos se basan en lo primero— y en que la operación policial había sido desmedida. Algo que ambas formaciones mantienen a día de hoy. Aun así, los socialistas suspendieron a Rodríguez de todos sus cargos y de militancia. Días después, dimitió de la presidencia de la Diputación, donde le sustituyó Toni Gaspar. Un adiós al partido en el que se encontraba despegando e, incluso, señalado como heredero de Ximo Puig. 

Se refugió en Ontinyent, donde fue recibido prácticamente como un héroe. Se volvió a presentar a la alcaldía en 2019 bajo las siglas de un nuevo partido, La Vall Ens Uneix. Arrasó, dejando al PSPV sin representación, y obtuvo un diputado provincial. Mientras todo eso ocurría, la investigación judicial seguía su curso y se conocían los detalles con el levantamiento del secreto de sumario.