VALÈNCIA. Los hospitales de campaña levantados para hacer frente a la pandemia por el Gobierno valenciano siguen dando qué hablar. Tal y como adelantó este diario el pasado domingo, la Agencia Antifraude ha solicitado los contratos referentes a estas instalaciones para investigar si todo el proceso, amparado bajo el paraguas de la emergencia, se desarrolló por los cauces correctos.
Pero no es este el único problema. La empresa adjudicataria Idat (conformada por Hispano Vema y Bellcomm), reclamó a la Generalitat 2,45 millones de euros más por los sobrecostes a su juicio generados sobre el encargo recibido bajo el contrato formalizado desde el área de Emergencias dependiente de la Conselleria de Justicia que lidera Gabriela Bravo.
