VALENCIA. Las comisiones de investigación de Les Corts se han convertido en un quebradero de cabeza para el PP. La última, que pretende determinar si hubo responsables políticos de los sobrecostes en la construcción de colegios desde que se erigiera Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) hasta el año 2014, citará a comparecer a cerca de 21 ex altos cargos del PP, entre ellos, a dos expresidentes de la Generalitat: Francisco Camps y Alberto Fabra.

Similar a lo ocurrido en la comisión del accidente del metro de Valencia del 3 de julio de 2006 –el PP se desmarcó del resto de partidos y el diputado del grupo, Alfredo Castelló, presentaba junto a su compañero de filas, Rubén Ibáñez, las conclusiones particulares de su formación, diferentes a las del documento que registraron los otros partidos– los populares se han quedado fuera del plan de trabajo conjunto de la investigación parlamentaria de Ciegsa que presentaron este lunes PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. La razón, argumentaba la diputada de Compromís, Belén Bachero, que era "el partido que gobernaba cuando sucedían las irregularidades". 

Mientras los cuatro grupos no quieren dejar un cabo suelto y buscarán que declaren todas las personas que pudieron estar relacionados con la trama –desde exconsellers de Educación como Alejandro Font de Mora, Esteban González Pons o Maria José Català, hasta los directivos de las empresas salpicadas por la causa como Cleop, BM3 o Construcciones Luján–, el PP centrará su estrategia en citar a todo el personal de Ciegsa, empresas que trabajaron con la mercantil y en solicitar una gran cantidad de documentos como el expediente del instituto de Morella -Els Ports-, "construido cuando el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, era alcalde del municipio", señaló el diputado del PP en Les Corts, José Juan Zaplana. 

"Tenía problemas porque había desprendimientos de la montaña que el centro tiene al lado y se tuvo que poner un muro de contención. Contó con sobrecostes por los terrenos inadecuados que cedió el ayuntamiento para construir el centro, por lo que los sobrecostes no son sinónimo de corrupción", subrayó Zaplana antes de anunciar que su grupo pediría la comparecencia de Puig. Así, los populares también tratarán de despejar cualquier sombra en la gestión política de construcción de centros educativos demandando informes del "boom demográfico que sufrió la Comunitat por la inmigración y por el gran número de nacimientos durante esos años" –si bien estos datos son públicos y se encuentran en el Instituto Nacional de Estadística (INE)– que justifiquen la razón de ser de Ciegsa, así como los cambios que conllevaba la entrada en vigor de la Logse o los informes de la Sindicatura de Cuentas.