VALÈNCIA (EP) El Colegio de Procuradores de Valencia considera que la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2009 de 28 de abril para la reactivación de la Justicia en la etapa de la desescalada va a producir el efecto contrario de lo que pretende ya que sostiene que muchas de las medidas contempladas son "de difícil cumplimiento" o bien provocarán una "ralentización de los casos y un atasco judicial de mayores proporciones que las actuales". Por ello, piden al ministro Juan Carlos Campo que "rectifique".

La decana del Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV), Laura Oliver Ferrer, asegura que el Ministerio de Justicia "no ha tenido en cuenta" ninguna de las reivindicaciones realizadas desde el Consejo General de Procuradores de España" y ha mostrado sus "dudas" respecto a que algunas de las medidas contempladas en el decreto sean la solución para agilizar la administración de Justicia, ha informado la organización colegial en un comunicado.

Según ha apuntado, una de las más polémicas es el cómputo desde cero de los plazos suspendidos por la pandemia o la duplicidad del tiempo para los recursos, que permitirá, de acuerdo con Justicia, presentar los escritos de forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo y no concentrados en escasos días una vez finalice el estado de alarma, "con el fin teórico de evitar el colapso de los juzgados".

Sin embargo, según Oliver, los procuradores se han preocupado de tener organizados los vencimientos una vez se levantara el estado de alarma y conocen el cómputo del plazo que resta y los que vencían, por lo que descarta que haya colapso, porque todos los plazos, en la medida en que no pueden computar, no van a vencer el mismo día.

Otra medida que los procuradores consideran "inviable y compleja" en su aplicación es la habilitación parcial del mes de agosto. El Colegio garantiza que los profesionales "están dispuestos a trabajar lo que haga falta para desatascar los tribunales", pero creen que la medida "no es fácil de cumplir" y lamentan que Campo "la ha tomado sin considerar a las partes implicadas para establecer el periodo de vacaciones de todos -profesionales y funcionarios- en las mismas fechas, de manera que todos estén trabajando al mismo tiempo".

A su juicio, con la disposición del decreto, el personal de Justicia "podrá ejercer su derecho a las vacaciones a lo largo del verano, sin organización previa, lo que supondrá suspensiones y aplazamientos, mientras que abogados y procuradores tendrán que estar al pie del cañón todo el verano".

"No nos importa quedarnos sin vacaciones, pero nos parece que la solidaridad y el esfuerzo lo ponemos sólo los profesionales, que somos los que más hemos sufrido la crisis, manteniendo los despachos sin poder facturar", ha indicado la decana, que cuestiona que se considere a estos profesionales como "insolidarios, cuando son los únicos que han mantenido el trabajo a sus expensas, y mientras en el propio Real Decreto reconoce el derecho a las vacaciones de los jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios, mientras obliga a los despachos a permanecer abiertos todo el verano".

"Es una manera curiosa de entender la solidaridad, por la vía del ordeno y mando", según Laura Oliver, que pide al ministro que se "retracte y reconozca el trabajo de procuradores y abogados, que ya han demostrado con creces su capacidad de esfuerzo y solidaridad atendiendo, entre otros servicios, el turno de oficio".