VALÈNCIA. El pasado 14 de marzo fue decretado por el Gobierno de España el estado de alarma para combatir la expansión del coronavirus, que ya ha dejado más de 46.000 muertes y 1,7 millones de contagiados en el territorio nacional.

En aquel momento, se inició una brutal carrera en todo el mundo por hacerse con el material sanitario indispensable para frenar la pandemia, lo que facilitó a los distintos gobiernos, incluido el valenciano, la activación de la contratación por la vía de emergencia para dar respuesta a las necesidades que se iban prestando en la lucha contra el coronavirus.

Una manera de actuar lógica e irreprochable que, no obstante, casi nueve meses después se mantiene prácticamente intacta en la Generalitat, que continúa adjudicando arbitrariamente contratos de suministros pero también de otro tipo sin pasar por el trámite de un concurso público que dé la oportunidad a todas las empresas y permita conseguir mejores precios. 

Una excepción que, además, planea instalarse como norma según una enmienda del Botànic introducida en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos. "Las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción covid-19 se considerarán de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público", recoge el texto avalado por PSPV, Compromís y Unides Podem. Una media que incluso se plantea con un alcance general: o lo que es lo mismo, aplicable a cualquier actuación que precise la Generalitat y cuyo fin esté ligado a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.