enmiendas a la ordenanza de concesión de licencias en alicante
Unides Podem plantea publicar los proyectos urbanísticos antes de darles licencia exprés
Los ediles de la confluencia, Xavier López y Vanessa Romero (en el centro).
21/04/2020 -
ALICANTE. El grupo municipal de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una decena de enmiendas a la actualización de la ordenanza de licencias aprobada por el bipartito (PP y Cs) en Junta de Gobierno a principios de abril con el fin de priorizar la tramitación de aquellos proyectos en los que se acredite la creación de puestos de trabajo. En concreto, en esas propuestas de modificación, la confluencia ve imprescindible abrir a exposición pública los proyectos que llegan a Urbanismo antes de declararlos definitivamente como "prioritarios" con tal de favorecer la transparencia y aboga por introducir aspectos sociales y medioambientales para acceder a las facilidades que pretende el Ayuntamiento. Para su portavoz municipal, Xavier López, "la norma es ambigua en cuanto a la calidad, la duración y la estabilidad de los puestos de trabajo que deben presentar las empresas que quieran optar a tramitar sus proyectos de manera prioritaria".
Por ello, ha concretado que Unides Podem ha planteado la introducción de criterios sociales para que puedan ser evaluados, tales como "que se fomente el número de empleos destinados a colectivos vulnerables y a empleo femenino, y que la contratación sea a jornada completa y en exclusiva para el proyecto que se presenta, así como durable hasta la finalización del mismo".
La confluencia plantea también la introducción de criterios de evaluación objetivos en las obras de rehabilitación que fomenten la conservación, revalorización y recuperación estética y protección patrimonial de edificaciones con 50 años o más y que no estén catalogadas, como por ejemplo la homogeneización estética de imagen urbana de los zócalos comerciales de edificaciones, la renovación de encintado de aceras que se encuentren deterioradas o requieran su renovación para adecuarlas a la nueva imagen urbana aprobada o los proyectos de rehabilitación de edificaciones históricas de más de 100 años de antigüedad en los que se recuperen y rehabiliten sus valores arquitectónicos.
Para estos, señala López, "desde Unides Podem introducimos que se requiera la documentación de su estado previo, de la propuesta a ejecutar, y del resultado final para ponerlo a disposición del Archivo Municipal, y las concejalías de Cultura y Urbanismo". La coalición de izquierdas aboga también por establecer un plazo mínimo de cinco días para que los proyectos queden expuestos al público, con tal de poder recibir alegaciones por parte de la ciudadanía y como ejercicio de transparencia para que, desde Urbanismo, "Adrián Santos Pérez, que formó parte del equipo de Gobierno que participó del amaño del PGOU, no pueda favorecer a nadie de manera opaca y turbia, como ocurrió con las relaciones de corruptelas y favores entre su exlideresa, Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz". No obstante, lo cierto es que Santos Pérez accedió a la corporación municipal tras las elecciones de 2011, cuando el PGOU se aprobó inicialmente en 2010.
Por su parte, la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, también señala que "ha sido necesario volver a insistir en el uso del lenguaje inclusivo en la redacción de esta norma, donde de nuevo se ha ignorado por parte del Ayuntamiento el propio Plan de Igualdad que establece la obligatoriedad de contemplarlo en todas las redacciones de carácter público".
Unides Podem añade a la ordenanza, además, que se prioricen las obras de conexión de red de agua regenerada, las instalación de entidades sin ánimo de lucro o destinadas a promover objetivos sociales y medioambientales y aquellas que apuesten por criterios de movilidad sostenible, entre otros. Por último, la coalición de izquierdas teme que estos procedimientos puedan perjudicar a pequeños proyectos impulsados por pymes y autónomos, ya que la inversión de personal en acelerar los trabajos de las grandes empresas de la construcción "puede ir en detrimento de no cumplir con los plazos establecidos para pymes y autónomos, con lo que estos últimos pueden ver abocados a todavía más dificultades ante la Administración municipal".
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