Una sentencia obliga a Benidorm a devolver 680.000 euros a Prometosa

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que devolver 683.169 euros a Prometosa Construcciones. Así lo ha informado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, durante la sesión plenaria de este jueves en el que propuso la modificación presupuestaria necesaria para hacer frente al fallo de la sentencia. La empresa fue la adjudicataria de la condición de agente urbanizador del PAU 1 Murtal, aunque en el último mes el gobierno local ha iniciado el procedimiento para retirarle esta concesión. 

El Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector PAU 1 'Murtal' tiene previsto ordenar este suelo urbanizable que se extiende por una superficie de 931.815, 30 metros cuadrados. Está ubicada en la zona de Poniente y en los últimos años es conocida en la ciudad por albergar el evento festero de la Acampada. Al margen de ello, los propietarios siguen esperando a que se desarrolle urbanísticamente ya que hay proyectadas unas 2.942 viviendas y de momento, los que conservan este suelo solo han tenido gastos.

Después de casi dos décadas no ha sido capaz de iniciar la obra. Ahora, según informaron en la sesión plenaria, la sentencia, ya firme, estipula que el Consistorio tiene que devolver a la mercantil esta cantidad. Según recoge el oficio del Departamento de Urbanismo al que ha tenido acceso este diario, este importe corresponde al anticipo de la carga económica en concepto de medida compensatoria derivada del convenio urbanístico. 

El origen del conflicto, a grandes rasgos, se remonta a unas modificaciones que aprobaron años después de que adjudicaran la condición de agente urbanizador a Prometosa. A la mercantil se le denegó la posibilidad de repercutir a los propietarios unos gastos, por lo que la empresa defendía que esto les había provocado desequilibrio económico en el acuerdo entre las partes. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó esta tesis en los juzgados argumentando que no estaban teniendo en cuenta dos parcelas que se le habían adjudicado en el sector. Con todo, la sentencia requiere la devolución de los casi 700.000 euros aprobando las argumentaciones del urbanizador, eso sí, rebajándolo de los 1,2 millones de euros que se solicitaban en un principio.

Coeficiente de retribución

La relación entre ambas partes no empezó del todo bien. El pleno de julio de 2000 aprobó la Alternativa Técnica y se adjudicó de manera provisional la condición de agente urbanizador a Prometosa. En aquel entonces se fijó la retribución a la sociedad en un 58,4%. Sin embargo, en octubre de ese mismo año el pleno votó a favor del acuerdo de variación de las condiciones de adjudicación del PAI reduciéndolo al 50%. Quedaba pendiente la aprobación definitiva del programa, que llegó en abril de 2003.

Este porcentaje que permite al urbanizador ser retribuido por su trabajo en la zona fue motivo de recurso por parte de la mercantil. Con todo, el Tribunal Supremo en septiembre de 2007 fijó el coeficiente en el 37,79%. Fue en 2011 cuando se le requirió que actualizara el proyecto de reparcelación forzosa con los nuevos parámetros, un documento que termina ejecutando el Ayuntamiento.

Modificación presupuestaria

Para abonar este importe, el Ayuntamiento tuvo que aprobar este jueves una modificación presupuestaria en el pleno. La edil de Hacienda señaló que este reintegro ha de realizarse con cargo al patrimonio municipal de suelo, motivo por el que se ha de realizar dicha modificación para dotarlo de la cuantía necesaria para poder realizar el pago. La moción ha salido adelante con el voto de 16 concejales de PP y VOX, frente a la abstención de los ocho ediles del PSOE.

El informe de Intervención, que aprueba este cambio, advierte también que este año están vigentes las reglas fiscales, por lo que el Consistorio deberá cumplir con la liquidación de este ejercicio con los objetivos de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto. Una circunstancia que resaltó el concejal del PSOE, Antonio Charco, durante el pleno. Por su parte, García Mayor respondió que el gobierno local "está muy encima" de cumplir con la estabilidad presupuestaria y realizando un "control exhaustivo" de los gastos que se realizan.