ALICANTE. La ampliación de capital que va a plantear el Elche a sus accionista el próximo 18 de septiembre tiene como finalidad concreta el pago a la Agencia Tributaria de las cantidades a las que el club franjiverde quedó obligado hace casi un año para reducir su deuda histórica con el fisco.
El Elche suscribió en noviembre de 2017 un convenio singular con Hacienda para el pago de la deuda que se mantenía con esta, reconocida en el convenio de acreedores y que en lo que se refiere a crédito privilegiado ascendía a 9,8 millones de euros. De acuerdo con dicho plan de pagos, en el caso de militar el primer equipo franjiverde en Segunda División A, el club ha de abonar por ejercicio al fisco el 25% del total de la deuda vigente, cantidad a la que hay que sumar otras por diferentes conceptos y con cargo a los ingresos extraordinarios que en la situación actual del Elche se circunscriben a un 10% de las cantidades a percibir esta campaña por la cesión de sus derechos audiovisuales. Lo anterior arroja la cifra de 2,7 millones de euros que, de acuerdo también con lo pactado, se abonan en dos cuotas a afrontar el 20 de septiembre y el mismo día pero del mes de marzo.
Así, el próximo día 20 el club franjiverde ha de ingresar al fisco 1,3 millones de euros, cantidad que se corresponde precisamente con la contemplada en la primera fase del aumento de capital mediante aportaciones dinerarias que se traslada a los accionistas: dos días antes de tener que afrontar dicho desembolso, el consejo propondrá en una Junta General de Accionistas de carácter extraordinario la citada ampliación de capital. Los accionistas de referencia, empezando por José Sepulcre, o los inversores interesados en hacerse con el control del club tienen una oportunidad inmejorable para no solo aumentar su peso accionarial o empezar a tenerlo, también para evitar que el club se meta en un buen lío si desatiende la citada obligación y es que un total de 25 fincas registrales de su titularidad (el estadio Manuel Martínez Valero y sus bajos) son la garantía con la que se respalda el aplazamiento.
