Un juez anula las contribuciones de la Subzona C de Benidorm

BENIDORM, (EFE). Un juzgado ha estimado los recursos presentados por varios vecinos de la Subzona C, un barrio de Benidorm, y ha declarado la nulidad de las liquidaciones definitivas que éstos tuvieron que pagar en concepto de contribuciones especiales por la urbanización de sus calles.

Son cinco sentencias hasta el momento en las que también se ordena al Ayuntamiento a "retrotraer las actuaciones al momento de ser presentada la solicitud por el recurrente para proceder al inicio del procedimiento de revisión de oficio del expediente". Todo ello, además, con expresa imposición de costas al consistorio

La notificación de estas sentencias ha motivado hoy la celebración de una Junta de Portavoces puesto que se esperan hasta 45 fallos judiciales al respecto, uno por cada recurso que interpusieron los vecinos afectados.

La situación ha sido desvelada hoy por los concejales no adscritos, Leopoldo Bernabéu y Juan García, en una rueda de prensa en la que han facilitado las citadas sentencias.

Bernabéu ha precisado que solo la imposición de costas "ya le supone al Ayuntamiento 12.000 euros por estas cinco primeras sentencias", un dinero que, a su juicio, podría superar los 100.000 euros "si prosperan, como así parece, todos los demás recursos".

A esa cantidad habría que sumarle, no obstante, el dinero pagado ya por los vecinos si el juez decidiese que hay que devolver lo cobrado por las contribuciones especiales.

Todo deriva de una sentencia de diciembre de 2015, en la que el tribunal dio la razón a la reclamación de los vecinos y ordenó devolver el dinero pagado, aunque en aquella ocasión solo atendió aquellas contribuciones superiores a 18.000 euros, trece en total.

El resto de vecinos, 77, instaron al Ayuntamiento a que se hiciera lo mismo con ellos, pero el pleno rechazó la petición en febrero del año pasado.

De esos vecinos, 45 optaron por recurrir y es ahora cuando están llegando las primeras sentencias favorables a sus intereses.

A la vista de la situación, el gobierno local ha acordado tras la Junta de Portavoces pedir una aclaración de las sentencias, "al entender que existen dudas sobre cómo debe proceder la administración para ejecutarlas", según ha explicado la concejala de Hacienda, Lourdes Caselles en un comunicado.

"Tenemos dudas de que estas dos decisiones sean contradictorias y, por eso, queremos que los tribunales nos clarifiquen cómo tenemos que actuar", ha indicado, puesto que, por un lado, se anulan las liquidaciones "y, por otro, se nos pide la revisión de oficio del proceso".

Además de ello, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha anunciado que firmará un decreto para iniciar el proceso que deje sin efecto el acuerdo plenario de febrero de este año en el que no se admitió a trámite la revisión de oficio de las liquidaciones solicitada por los vecinos, que es "justamente lo que ahora dice la sentencia que hay que hacer".

El valor total de las liquidaciones definitivas giradas en su día por el Consistorio a los propietarios afectados ascendió a alrededor de dos millones de euros.

Por su parte, el concejal no adscrito Leopoldo Bernabéu ha avanzado que pedirá "responsabilidades políticas al gobierno local por el empecinamiento en seguir recurriendo contra los vecinos".