Un comprador chino se perfila como nuevo dueño del 'barco-restaurante' del Puerto por 25.000 euros

ALICANTE. La Autoridad Portuaria de Alicante parece haber encontrado finalmente un comprador para el barco-restaurante concebido como réplica del galeón Santísima Trinidad que permaneció amarrado en el dique de Levante hasta julio de 2017. Se trata de un inversor particular, de nacionalidad china, que ha presentado la oferta económica más ventajosa entre otras dos propuestas registradas durante el proceso de venta directa que se activó hace cerca de un mes. Salvo que el informe jurídico solicitado a la Abogacía del Estado resuelva lo contrario, dicho inversor se convertirá en su nuevo dueño tras formalizar un desembolso de 25.000 euros.

A partir de entonces, dispondrá de un plazo de dos meses para trasladar su adquisición fuera del Puerto de Alicante: la única condición adicional (al margen del precio más alto) que figuraba en las bases del procedimiento. Para ello, su propietario tendrá que contratar un servicio de remolcador, ya que, según los informes técnicos elaborados por Capitanía Marítima a instancias de la propia Autoridad Portuaria, la réplica del conocido navío de la armada no tiene la capacidad de navegar: se trata de un artefacto flotante que, según dichos informes, presenta riesgo de hundimiento.

El nuevo propietario tendrá un plazo de dos meses para trasladar el artefacto flotante fuera del Puerto de Alicante

Esos informes fueron los que llevaron a la Autoridad Portuaria a ejecutar su traslado hasta el muelle 7 en julio de 2017. Esa operación se ejecutó con cargo al aval depositado por sus antiguos propietarios, como garantía del permiso de ocupación que se le había concedido, después de que tampoco cubriesen la deuda que habían contraído con la Autoridad Portuaria en concepto de canon.     

El importe ofrecido por su nuevo titular supera en 5.000 euros a la del segundo interesado que había presentado una propuesta válida. La tercera oferta, en realidad, tuvo que ser descartada al no haber depositado el aval que se requería. La Autoridad Portuaria había llegado a convocar antes una subasta por un precio de salida de 152.000 euros que tuvo que ser declarada desierta, al no registrarse ninguna oferta de compra.