Un colectivo insta al juez a frenar los graneles del Puerto por su impacto económico y sobre la salud 

ALICANTE. Más acciones legales en la controversia por la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante. Esta vez, a cargo de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. Dicho colectivo acaba de presentar un escrito de alegaciones al auto del Juzgado de lo Contencioso número 1 conocido la semana pasada por el que solicita que se apliquen los decretos de suspensión de actividad dictados por el ahora exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en contra de la medida cautelar concedida a petición de una de las tres empresas estibadoras, Bergé Marítima. La asociación reclama que se revoque esa decisión al considerar que el movimiento de materiales pulverulentos genera un doble perjuicio público: el económico y el ejercido sobre la salud de las personas.

En primer término, la asociación alude al objeto de su creación -la defensa de los consumidores- para que se admita su personación en el procedimiento al sostener, precisamente, que con su acción trata de preservar el interés general. En esta línea, incide en que el área afectada por el movimiento de materiales pulverulentos que se desarrolla en los muelles 11, 13 y 17 afecta a un ámbito en el que se encuadran hasta diez centros educativos.  

Acto seguido subraya que los argumentos esgrimidos en la resolución judicial para dejar sin efecto los decretos municipales de cese de actividad no se sostienen. En especial, el que alude a la disponibilidad de autorización ambiental de emisiones a la atmósfera concedida por la Conselleria de Medio Ambiente. En su escrito, el colectivo señala que la vigencia de esa autorización está supeditada a unas condiciones que en este momento no se estarían cumpliendo. De hecho, incide en que la propia conselleria ha abierto dos expedientes sancionadores por la superación de los niveles legales de emisión de partículas en dos episodios temporales concretos. Y abunda en que así puede constatarse a través del simple seguimiento de los valores registrados en la red de medidores exigida en la propia autorización autonómica, con datos publicados en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCA). Unos medidores que, según remarca el escrito, se han colocado con seis meses de retraso en un intento de impedir la existencia de "pruebas de contaminación". 

La asociación sostiene que se olvida el efecto de la actividad sobre los intereses turísticos de Alicante y asegura que Sanidad habría iniciado un estudio sobre la morbilidad y la mortalidad asociada a la contaminación

En segundo lugar, el colectivo señala que el perjuicio económico al que el juzgado hace referencia para levantar los decretos de suspensión sólo considera el impacto desde el ámbito privado. En esta línea, el escrito de la asociación aduce que debería tenerse en cuenta las consecuencias que la actividad de carga y descarga de graneles a cielo abierto supone para la imagen de la ciudad de Alicante y para sus intereses turísticos, toda vez que la actividad se desarrolla en un Puerto que también recibe cruceros. 

En tercer lugar, el escrito incide en el impacto sobre la salud que atribuyen a los altos niveles de propagación de partículas a la atmósfera. La asociación llega a aportar, en sus alegaciones, un dato del que hasta ahora no se ha tenido constancia oficial: "El Departamento de Salud Pública de Alicante ha iniciado un estudio de morbilidad producida por la contaminación de la actividad pulverulenta del Puerto de Alicante de 3 meses de duración que comenzó en octubre de 2017 y otro de mortalidad producida por las mismas causas de un año de duración". 

En cuarto y último término, la asociación de consumidores plantea que se exija a una caución que valora "a tanto alzada" en 15 millones de euros para cubrir esa doble vertiente del daño causado (la económica y sobre la salud), en el caso de que el juzgado decida mantener la medida cautelar (es decir, no aplicar la suspensión de actividad). La valoración se hace a tanto alzada, según el escrito, en la medida en que: "Nos es imposible evaluar económicamente el riesgo para la salud de las personas con exactitud y precisión hasta que el Departamento de Salud Pública de Alicante termine los estudios de morbilidad y mortalidad producidas por la contaminación producida por la actividad de los graneles del Puerto de Alicante, es decir, hasta octubre de 2018".

La doble iniciativa de Compromís

El escrito de alegaciones del colectivo trascendió justo en la misma jornada en la que se conocieron dos iniciativas de Compromís en dos niveles distintos. En primer lugar, la diputada autonómica Cristina Rodríguez instó al Ministerio de Fomento a acordar un calendario para forzar la construcción de naves cerradas para la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante. Máxime, después de la proposición no de ley aprobada en les Cortes la semana pasada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

La segunda iniciativa responde a una propuesta previa registrada por el PSOE ante el desarrollo del pleno municipal de este jueves. Los socialistas han planteado una moción en defensa de los puestos de trabajo asociados a la actividad del Puerto que Compromís planteó transaccionar, en la Junta de Portavoces celebrada este lunes, para que se presentase el mismo texto que quedó aprobado en les Corts.