Vicente Sala y su hermana Antonia, el día que testificaron por el asesinato de su madre. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El 9 de diciembre de 2016, un terrible suceso conmocionaba a la ciudad de Alicante: la matriarca de la familia Sala Martínez, conocida como 'los Kennedy de Alicante', perdía la vida asesinada en el concesionario Novocar, que regentaba su yerno Miguel López. El asesinato sacó a la luz las malas relaciones en el seno de una familia que, pese a su influencia en la sociedad alicantina (pues el patriarca, Vicente Sala Bello, había sido uno de los presidentes más longevos de la extinta CAM), e incluso en las altas esferas fuera de la provincia, siempre se había mantenido en una exquisita discreción.
Tan malas, que el principal móvil que manejó la Policía desde el principio fue precisamente ese, el de un enfrentamiento en el seno de la familia a cuenta de la gestión de los negocios. Enfrentamiento del que había dado cuenta necesariamente el Boletín Oficial del Registro Mercantil (a raíz del cruce de destituciones y nombramientos para controlar las empresas fundadas por el ya fallecido Vicente Sala que se habían producido unos meses antes), y que con el asesinato de Carmen Martínez salieron definitivamente a flote.
Hoy, un año después, el crimen sigue sin resolver, y los indicios contra el único acusado, precisamente Miguel López, no parecen lo suficientemente sólidos como para explicar lo sucedido. Sí, la familia se había fracturado en dos bandos, con la matriarca y su hijo varón de un lado, y sus tres hijas del otro. Y sí, Carmen Martínez falleció asesinada en el concesionario de su yerno, que además practicaba el tiro deportivo. Pero ya: ni ha aparecido el arma, ni López dio positivo en la prueba de parafina, ni el ADN en las uñas de la víctima coincide con el del único procesado. La acusación contra el exgerente de Novocar, eso sí, ha agrandado la brecha entre los hermanos: Vicente cree, como el fiscal, que fue el autor material del asesinato. Su esposa y sus dos cuñadas, en cambio, defienden su inocencia.
Mientras la investigación judicial sigue su curso y evidencia, con cada nuevo trámite, la distancia entre los dos 'bandos' de la familia Sala Martínez, la gestión del imperio familiar que heredaron los cuatro hermanos a la muerte de su fundador no ha favorecido precisamente la concordia. El origen de la 'guerra fría' empresarial entre los Sala, que estalló en el verano de 2016, fue la decisión del varón, presidente del consejo de administración que formaban los cuatro hermanos y su madre, de no repartir dividendos. Las tres mujeres se unieron para destituirlo como presidente y nombrar a Antonia al frente de la Compañía Española de Resinas (la sociedad primigenia del grupo, convertida en una patrimonial), y a María del Mar en Samar Internacional, que controla la rama industrial del imperio, dedicada al plástico.
La víctima hizo uso entonces de la 'acción de oro' que le legó su marido en su testamento para invalidar la decisión de la junta de accionistas (los mismos miembros del consejo de administración más su hermana, Antonia Martínez, con una participación minoritaria), disolver el consejo de administración y nombrar a su hijo administrador único de Samar, y a sí misma de la Compañía Española de Resinas. En los meses siguientes, la matriarca y su primogénito crearon Marlo Capital, concebida como una sociedad holding para tomar el control del resto del entramado y dejar a sus hermanas al margen. El problema es que las tres mujeres seguían representando el 60% de la junta de accionistas. La solución, que Carmen Martínez seguía teniendo la acción de oro.
El asesinato de la matriarca lo precipitó todo. En el último año, Vicente Sala, que considera que ha heredado la acción de oro (esa era la voluntad de su madre, pero según el testamento de su padre el privilegio se extinguía con su esposa), ha recurrido a esa prerrogativa para aprobar las cuentas anuales del imperio familiar, dado que el 60% que controlan sus hermanas le votó en contra. Las mujeres han recurrido esta aprobación ante el Registro Mercantil, como ya hicieron con la disolución del consejo de administración en octubre de 2016. Y al mismo tiempo, han llevado a los juzgados la interpretación del testamento de Vicente Sala padre, al considerar que la acción de oro ya no existe tras fallecer su madre.
Vicente Sala junior, por su parte, ha sacado la sede social de las empresas del domicilio familiar en la avenida de Dénia de la capital alicantina. El hijo mayor del matrimonio Sala Martínez ha domiciliado Samar Internacional, la sociedad dominante, y otras varias de las que penden de ésta, en un despacho de un centro de negocios en la plaza de los Luceros. Y ha intentado que otro juez prohíba a sus hermanas transmitir acciones (como hicieron al ceder parte de su porcentaje a sus hijos, lo que puede invalidad algunos acuerdos de la junta al no haber quorum).
El juez rechazó esta medida al verla desproporcionada, en tanto no se resuelva el pleito sobre los últimos movimientos en el imperio familiar. De momento, Vicente sigue actuando como administrador único, usa la acción de oro, y ha nombrado a su esposa y a su tía como apoderadas en la sociedad que creó junto a su madre para controlar el resto. Las posturas no podrían estar más enconadas, con la investigación contra Miguel López como acicate. Y, sin embargo, hay quien en el entorno de la familia no descarta que se produzca un pacto que pacifique el imperio familiar y permita devolverlo a la normalidad funcional (la investigación penal es otra cosa). Un pacto que parece estar tan lejos como cerca podría hallarse en realidad.
Mientras, Miguel López sigue como único acusado, y el concesionario de coches que una vez vendió Porsches, Novocar, ha sido liquidado ante la caída del negocio y los problemas judiciales de la familia. Vicente y su tía, que controlan la sociedad patrimonial dueña del inmueble (Miguel López le pagaba un alquiler a su suegra), buscan inquilino.
