Torrevieja y Rojales no aplicarán la suspensión a la interventora al estar recurrida ante el TSJ

TORREVIEJA/ROJALES. La interventora de los ayuntamientos de Torrevieja y Rojales, Cristina Serrano, podrá seguir ejerciendo su cargo. Serrano ha presentado recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, que el pasado agosto acordó la suspensión de su actual cargo durante 20 días en Torrevieja y Rojales por cometer varias infracciones graves durante su etapa como tesorera en el Ayuntamiento de Algemesí. En concreto, la alta funcionaria sancionada por infringir varios controles para evadir su jornada laboral en 20028: la Generalitat le ha impuesto otra sanción que le prohíbe obtener destino en el Ayuntamiento de Algemesí, por el período de 3 años por la infracción grave por el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

Hace algo más de un mes, el Ayuntamiento de Rojales recibió una orden por parte de la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana en la que se indicaba que debía iniciar el expediente para proceder a la suspensión de empleo y sueldo a la interventora, Cristina Serrano, durante 20 días. Le impone esta sanción, que también ha de cumplir en Torrevieja –donde también ejerce como interventora- tras dictaminar que cometió infracciones graves durante su etapa como interventora en el Ayuntamiento de Algemesí.

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, ha señalado a Alicante Plaza que de momento no va a aplicar dicha orden porque no hay una sentencia firme. Pérez, tras dar parte a la persona afectada, ésta incluyó el recurso con medidas cautelares que había presentando el TSJCV. Tanto la asesoría jurídica externa como interna del Ayuntamiento le trasladó al alcalde que hasta que no fuera firme la sentencia o se desestimara el recurso, no aplicara dicha suspensión. Con este planteamiento ha respondido al escrito de la Dirección General de Administración Local de la Generalitat.

El Ayuntamiento de Torrevieja no ha querido ofrecer ninguna versión sobre la resolución de la Generalitat. Sin embargo, la sesión plenaria de este jueves podría dar cuenta un decreto de Alcaldía por el que no se aplica la sanción por estar la resolución recurrida.

Hay que recordar que la denuncia parte de 2018, cuando el Ayuntamiento de Algemesí denuncia a Serrano -que fue subsecretaria de Vivienda de la Generalitat y ejerció varios cargos bajo los mandatos del PP- ante la administración autonómica por  realizar acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo; incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponía un mínimo de 10 horas al mes, o porcentaje equivalente, y realizar, dentro de su jornada laboral, actividades personales o profesionales que no tienen que ver con sus funciones como tesorera del Ayuntamiento de Algemesí, y que, incluso, podrían ser incompatibles con su actividad como funcionaria.