Todos los grandes municipios de Alicante piden cambiar la Constitución para tener derecho civil

ALICANTE. Casi cuarenta municipios de la provincia de Alicante, entre ellos los 20 con mayor población, han apoyado ya o apoyarán en sus plenos de ese mes el manifiesto impulsado por la Associació de Juristes Valencians que reclama la devolución a la Comunitat Valenciana de las competencias en materia de Derecho Civil (recogidas en el Estatut d'Autonomia del año 2006) que le han arrebatado las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, tras los recursos planteados en su día por el Gobierno central.

Según los datos facilitados por la citada asociación, un total de 34 ayuntamientos alicantinos, gobernados por distintos partidos, han aprobado la moción institucional que reclama a Les Corts Valencianes iniciar un proceso de reforma de la Constitución Española para que la Comunitat pueda recuperar la capacidad de legislar en materia civil. Una capacidad que ya tienen reconocida comunidades autónomas como Galicia, Catalunya, Navarra, Euskadi, Illes Balears y Aragón, sin que el Gobierno central se opusiese a su recuperación.

De esta forma, dicha moción ya ha sido aprobada por los plenos de Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda, Dénia, Petrer, Santa Pola, La Vila Joiosa, Xàbia, Calp, Crevillent, El Campello, Novelda e Ibi. Está previsto que este mes se apruebe también en San Vicente del Raspeig y Altea, dado que la moción está incorporada al orden del día del pleno de febrero, y que en marzo lo haga Villena. Una vez que se concrete en estos plenos su adhesión al manifiesto, los 20 mayores municipios de la provincia habrán instado formalmente a la Cámara autonómica a poner en marcha un proceso de reforma de la Constitución.

El manifiesto, basado en el informe jurídico del abogado y miembro de la asociación Luis-Miguel Higuera Luján, propone la reforma constitucional como salida porque es, de hecho, la única opción que el Tribunal Constitucional concede a la Comunitat para recuperar el derecho foral. Como señaló el magistrado Juan Antonio Xiol (que emitió el único voto discrepante de la sentencia que anulaba el derecho civil valenciano) en una entrevista con Valencia Plaza, "según la interpretación actual de la Constitución, si no se cambia, la Comunitat Valenciana no puede tener derecho civil propio". La clave está en que el texto constitucional permite a las autonomías legislar sobre el derecho civil "allí donde existieran" competencias antes de su entrada en vigor, pero el Constitucional consideró que no era el caso de la Comunitat Valenciana, porque el derecho foral nunca se puso por escrito.

La defensa del derecho civil ha puesto de acuerdo a los principales partidos, PP, PSPV y Compromís, dado que los tres han sido impulsores de la moción para sumarse al manifiesto en alguna de las localidades citadas. Los juristas valencianos también han recabado el respaldo de Ciudadanos en la provincia, a través de su coordinador territorial y diputado Emigdio Tormo (portavoz de Justicia de su grupo). Los que más se han implicado, no obstante, son PP (el derecho civil se recuperó con los populares en la Generalitat) y Compromís. Los populares, por ejemplo, han llevado la defensa del derecho civil a los plenos de Torrevieja y Orihuela, dos localidades que a priori parecerían menos sensibles a cuestiones identitarias valencianas (como sucede en Villena) y que sin embargo no dudaron en sumarse.

Las sucesivas sentencias del Constitucional, además de negar a la Generalitat su capacidad para legislar el derecho civil, han anulado tres normas que ya estaban en vigor y al amparo de las cuales se han formalizado matrimonios y parejas de hecho o establecido acuerdos de custodia en caso de divorcio o separación. Se trata de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (que fue la primera en ser anulada, en mayo de 2016; la Ley 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven, conocida como Ley de Custodia Compartida valenciana; y la lei 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana.

Reforma constitucional

Por este motivo, el informe jurídico de la Associació de Juristes Valencians propone una doble posibilidad para reformar la Constitución. De un lado, reformar el artículo 149.1.8º (en cuya interpretación se basó el Tribunal Constitucional para tumbar las leyes valencianas) con el siguiente añadido: "sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, y de la recuperación y actualización de su derecho privado histórico, conforme a los valores y principios constitucionales. En todo caso…". De otro, introducir un párrafo a la Disposición Adicional Segunda, del siguiente tenor: "La competencia legislativa civil de las Comunidades autónomas asumida en sus propios Estatutos conforme al art. 149.1.8º de esta Constitución, se extenderá a la recuperación y actualización de su Derecho Privado histórico conforme a los valores y principios constitucionales".

El manifiesto que pide cambiar la Carta Magna ha recabado el apoyo de otros municipios al margen de los de mayor población. En concreto, el de Agost, Agres, Benissa, Cocentaina, Finestrat, Gata de Gorgos, Mutxamel, La Nucía, Ondara, Pedreguer, Pego, Els Poblets, Puçol, Sant Joan d'Alacant, Teulada-Moraira, El Vergel y Xixona. En total, una vez se apruebe la moción en los tres plenos que faltan por celebrar este mes, serán 37 consistorios alicantinos los que pidan cambiar la Constitución. Todos los partidos valencianos, en uno u otro pleno (o en todos), se han manifestado a favor de la recuperación del derecho histórico de la Comunitat Valenciana. Curiosamente, en Pedreguer la única formación que se opuso a la moción institucional fue la CUP (los independentistas catalanes lograron dos concejales en este municipio en las últimas elecciones, además de uno en la valenciana Burjassot).

Al margen de los ayuntamientos, la Associació de Juristes Valencians ha recabado el apoyo de otras entidades de la provincia a su manifiesto. Así, ya se han adherido la Diputación de Alicante o el Colegio de Abogados de Alcoy, cuyo decano Juan José Tortajada, gran defensor del Derecho Civil, es desde diciembre el presidente del Pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.