Sindicatos docentes reclaman "garantías y medios" para que la desescalada educativa sea segura

VALÈNCIA (EP). Sindicatos docentes han exigido, en la Mesa Sectorial de Educación en la que ha participado el secretario autonómico, Miguel Soler, "garantías y medios" para que la desescalada educativa sea segura.

Así, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha reclamado a la Conselleria que fije "unas condiciones mínimas para garantizar la desescalada educativa en condiciones".

En la sesión, STEPV ha rechazado "frontalmente" la reincorporación a las aulas antes del verano en algunos supuestos, como propone el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que considera que el sistema educativo "todavía no está preparado para dar este paso".

En cuanto a la resolución de final de este curso y principio del que viene, la entidad ha manifestado que, en general, coincide con la propuesta de evaluación, promoción y titulación que hace la Conselleria del ejercicio actual, pero echa de menos una propuesta que, para el curso 2020-21, contemple la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia y, por lo tanto, medidas de actuación si esto se produce.

En ese sentido STEPV ha propuesto que se prepare un protocolo de actuación por si hay que hacer frente nuevamente a una situación parecida. Igualmente, califica de "insuficientes" las medidas que plantea la Conselleria, puesto que "solo se centran en el ajuste del currículum educativo para recuperar lo que se ha dejado de impartir este tercer trimestre, cosa que es totalmente necesaria, pero no contempla ninguna medida para garantizar la seguridad del alumnado, las familias y el profesorado".

Sobre la cuestión concreta de agrupar en primero de ESO las materias en ámbitos, el sindicato comparte la metodología pero pone como condición que en ningún caso suponga un recorte de profesorado. El secretario autonómico ha asegurado que en ningún caso se recortarán docentes, sino que es posible que se incrementen, porque están trabajando la propuesta de puedan ser dos docentes los que compartan aula.

En cuanto a las comisiones de servicios específicas, segundo punto del orden del día, la Conselleria ha manifestado la imposibilidad de generar, en las circunstancias actuales, un nuevo procedimiento de provisión de estos puestos, por lo que ha decidido proponer su renovación extraordinaria.

STEPV ha trasladado el "malestar de muchas personas que llevaban cuatro años esperando este momento, para optar a estas plazas y la necesidad de que los puestos que anualmente queden libras se oferten, abriendo el procedimiento anualmente".

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Conselleria "no escuche las aportaciones de los sindicatos antes de realizar anuncios de la importancia del calendario escolar del curso 2020-2021 o el cambio en primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)".

CSIF recalca que la planificación del próximo curso resulta "más fundamental si cabe debido a los efectos de la pandemia en el último trimestre de este y al retraso o inacción de Conselleria en adoptar medidas como mejora de las plataformas digitales o potenciar el teletrabajo". Apuntan que "la profesionalidad y vocación del colectivo docente está permitiendo sobreponerse a la falta de medios".

Rebaja de ratios

La central sindical solicita también "una rebaja de ratios de alumnado por docente de cara al próximo curso, un incremento de
desdobles y la vuelta a las 18 horas lectivas para Secundaria y FP, como antes de los recortes". Considera que estas medidas resultan
"fundamentales para mejorar la atención al alumnado y que "ningún estudiante se quede atrás".

Finalmente, ha instado a la Conselleria a que haga "una apuesta real por el sistema público valenciano de educación", y le ha trasladado su apoyo a la propuesta de la repetición o prórroga de las comisiones de servicio siempre que se cumplan las medidas anteriormente solicitadas y que se produzca un incremento de las comisiones para el curso 2020-2021.

Desde CCOO se comparte que la vuelta a la actividad lectiva presencial se produzca en septiembre y mantiene que las excepciones que se han regulado "se tienen que limitar para no contribuir a contactos que significan un repunte en los contagios de Covid-19".

En todo caso, para el sindicato las decisiones que finalmente se tomen deben estar "presididas por la protección de la salud del profesorado, del alumnado, del personal de apoyo educativo y del personal de administración y servicios".

Desde este punto de vista, anima a negociar con las organizaciones sindicales representativas un Plan Integral de Prevención frente a la Covid-19 que contemple "todas las medidas necesarias para garantizar la salud de todo el personal presente en los centros educativos, desde el acceso a las pruebas diagnósticas, pasando por la dotación de EPI, por las medidas que permiten mantener la necesaria distancia".

Educación infantil

Para CCOO, algunas de las medidas anunciadas "tienen más que ver con la conciliación que con la educación". "Especialmente llamativo
--apunta-- resulta el caso de Educación Infantil, etapa en la que el Gobierno ha previsto que se acoja en los centros educativos al alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que trabajar presencialmente".

Se trata, dicen, "de una medida claramente orientada a la conciliación, que deja de lado el carácter educativo de la etapa, pero que, además, puede poner en riesgo la salud de profesorado, alumnado y personal de apoyo educativo, puesto que en esta etapa resultará especialmente complicado garantizar las medidas de protección para evitar el contagio".

El Sector de Enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT País Valenciano (FeSP-UGT PV) propone a la Conselleria que dote a los centros educativos de personal sanitario, tanto facultativo como de enfermería, para que el proceso de retorno a los mismos se produzca con plenas garantías sanitarias y de seguridad para toda la comunidad educativa.

Para ello, resaltan, la Conselleria debería dotarse de una plantilla propia de personal facultativo médico y personal de enfermería,
que dependa orgánica y funcionalmente de ella, para garantizar la correcta implantación y seguimiento de las medidas sanitarias a implementar en los centros escolares, que son lugares de pública concurrencia.

En opinión de UGT Enseñanza PV, la dotación de personal sanitario en los centros educativos es "esencial y permitiría resolver, de forma inmediata y con las debidas garantías sanitarias, todas las cuestiones, problemas y dudas que se presenten en los centros escolares sobre cómo hacer frente a la pandemia del coronavirus e implementar adecuadamente los protocolos sanitarios que se determinen".

Por último, el sindicato docente ANPE ya había reivindicado este miércoles que "ningún profesor ni alumno puede volver al aula sin las medidas de seguridad e higiene" contra el coronavirus.

En este sentido, reclama "especialmente lo destacado por los expertos: test generalizados para la población escolar (alumnos y profesores), mascarillas, geles desinfectantes y guantes, cuyo suministro dista mucho de estar asegurado, así como la necesaria higiene previa de los centros educativos, adecuación de las ratios de las aulas y de los espacios a fin de mantener el distanciamiento de seguridad".