Santiago Román, alcalde y concejal de HaciendaSANT JOAN D'ALACANT. La anulación del impuesto de plusvalías ha echado por tierra la aprobación prevista del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant para 2021. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, que declara nula la base imponible del Impuesto del Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), que de un día para otro ha dejado a las arcas de los ayuntamientos de toda España sin una de sus principales vías de financiación, ha imposibilitado que las cuentas municipales de Sant Joan para el presente ejercicio puedan ser llevadas a pleno para su aprobación en los próximos días, tal y como estaba previsto.
La propuesta de presupuesto municipal de Sant Joan d’Alacant para 2021, que se iba a trasladar a comisión informativa y a pleno los próximos días, incluía una previsión de ingresos procedentes de las plusvalías en torno al millón de euros. Renunciar a esta vía de financiación genera, a juicio del área municipal de Intervención, un desequilibrio financiero que no se puede compensar a corto plazo y que obliga a reestructurar por completo todo el proyecto económico para el presente ejercicio. Es por ello que, desde la Concejalía de Hacienda, que dirige el alcalde de Sant Joan, Santiago Román (Cs), se ha decidido descartar la aprobación del presupuesto para 2021 y enfocar todos los esfuerzos en las cuentas para 2022, con el objetivo de que puedan entrar en vigor y aplicarse desde inicios del próximo año.
De hecho, según asegura el alcalde y concejal de Hacienda, “ya se está trabajando en los presupuestos para 2022 con el objetivo de que estén aprobados antes del 31 de diciembre de este año. A todos los departamentos ya se les ha enviado la petición de información para que hagan llegar sus propuestas de gastos lo antes posible”, ha añadido Román.
Desde el pasado 26 de octubre, fecha en la que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia contra el impuesto de plusvalías, los ayuntamientos han manifestado su gran preocupación por esta nueva falta de recursos a la que se deben enfrentar las administraciones locales. Primero fue la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la que pidió la reforma urgente de Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y este mismo lunes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto que modifica el impuesto sobre plusvalía municipal para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, mediante ese real decreto, el Gobierno concede a los ayuntamientos un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma para adaptar sus ordenanzas fiscales a la nueva regulación. Durante ese periodo de tiempo, los ayuntamientos tendrán que adaptar sus ordenanzas fiscales al nuevo decreto de plusvalía, por lo que toda la gestión tributaria municipal se verá condicionada por estas nuevas medidas.
