SAN VICENTE DEL RASPEIG. El alcalde y concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha señalado que el equipo de Gobierno (PSOE, Esquerra Unida y Podemos) ha modificado parcialmente la plantilla municipal, incorporando en la Relación de Puestos de Trabajo de 2022 (aprobada en sesión plenaria del 25 de mayo de 2022) las 18 plazas del Contrato-Programa, dotándolas económicamente, lo que implica que se "blinde" al personal de Servicios Sociales de cara a futuras legislaturas, algo que "no ha hecho ninguno de los ayuntamientos del Partido Popular".
A preguntas de la oposición (PP y Cs) en el pleno ordinario de enero, a propósito de la situación de la plantilla de Servicios Sociales, Villar ha explicado que a 1 de enero de 2022, la plantilla era de 24 trabajadores y a 1 de enero de 2023, "es de veinticinco", ha dicho. Una cifra que se incrementará hasta los 41 trabajadores, composición de la plantilla que se acordó en el convenio plurianual (2022-2024) de este programa, firmado el 15 de noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de San Vicente y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
El primer edil indica que, de momento, ya se han incorporado cuatro trabajadores del Contrato-Programa y que respecto al resto "estamos dando una respuesta a la situación más urgente con el único mecanismo del que disponemos: cubrir las plazas de forma interina hasta que se haga la oferta de empleo público de este año". Además, añade el edil de RRHH, como medidas de "choque", se han firmado convenios con los ayuntamientos de Mutxamel y Crevillent, "lo que permite ampliar las bolsas de trabajo para incorporar trabajadores de manera interina por motivos de urgencia y necesidad".
En cuanto al servicio de la Unidad de Conductas Adictivas (UPCCA), que se encuentra paralizado, el primer edil ha asegurado que ya se ha conminado a la jefatura del área a que elabore el pliego técnico que permita desbloquear esta situación, ante la imposibilidad de prorrogar el servicio, tras cuatro años de prórrogas, por los reparos de Intervención. "Un trabajo, que estoy convencido retomará con diligencia", ha señalado.
El actual equipo de Gobierno, ha apuntado Villar, es el primero que está trabajando para encontrar soluciones a la situación de personal que vive el Ayuntamiento, consecuencia de las medidas de control presupuestario o regla de gasto (Ley Montoro 2012) que puso en marcha el Gobierno popular y "que nos ha impedido realizar una política de contratación estable y regular". Recuerda que en 2015, durante el último gobierno del PP, se quedó una plantilla de 27 trabajadores para las áreas de Bienestar Social, Educación y Sanidad y Consumo, estas últimas que también asumían el mismo número de trabajadores.
Ahora, Villar ha reiterado que "en 2023, Bienestar Social contará con 41 trabajadores, 14 más sin Sanidad ni Consumo, que cuenta con su propio personal". Es "paradójico", concluye el primer edil, que el partido que recortó el número de funcionarios y que con sus leyes ha impedido la contratación estable de la plantilla, "se queje ahora de falta del personal".
De la misma manera, el alcalde ha querido recordar que "el Partido Popular, que ahora parece mostrar una gran preocupación por la situación de Servicios Sociales, no solo no ha presentado ninguna propuesta ni ninguna iniciativa para aportar soluciones en lo que va de legislatura, ni tampoco estuvo al lado de los trabajadores de Servicios Sociales cuando en noviembre de 2021 se abstuvo en la aprobación del Contrato-Programa".
El alcalde de San Vicente del Raspeig ha destacado el compromiso de este ayuntamiento con las personas en situación de vulnerabilidad, recordando que, a lo largo de esta legislatura -sin contar con los años de la pandemia en los que desde el área de Bienestar Social se ha realizado un esfuerzo "muy importante"-, en 2022 se han concedido 1.079 prestaciones por 596.316 euros destinadas a necesidades básicas, pobreza energética, emergencia habitacional y personas refugiadas por la guerra de Ucrania y escuelas de verano, así como, 109 ayudas por 67.000 euros, para material escolar y guarderías.
