Ribera se aferra al informe de la Intervención para frenar la reversión del Hospital de Torrevieja

VALÈNCIA. Grupo Ribera, gestor del departamento sanitario de Torrevieja que este viernes pasará a depender directamente de la Conselleria de Sanidad al no prorrogarse el contrato, está dispuesto a llegar hasta el final para intentar retener esta concesión. Tal y como ya hizo en 2018 con el Hospital de Alzira, el grupo sanitario valenciano acudirá hasta el Tribunal Supremo si, como ha hecho hasta ahora, el TSJ de la Comunitat Valenciana acaba desestimando todos sus recursos contra la decisión del departamento de Ana Barceló.

Sin bien en el caso del departamento sanitario de La Ribera el Alto Tribunal acabó por dar la razón a la Generalitat y validar la decisión de la entonces consellera, Carmen Montón, de no prorrogar la concesión, en esta ocasión concurren dos nuevas circunstancias a las que la empresa se aferra para intentar tumbar la reversión de Torrevieja.

Una de ellas es la doctrina creada por el Supremo en la misma sentencia sobre la no prorroga del contrato de gestión del Hospital de Alzira. Aunque no se estimó la petición de nulidad que reclamaba la empresa, el Alto Tribunal sí accedió a la petición de Ribera Salud para la formación de jurisprudencia al considerar que el asunto tenía "interés casacional objetivo"; esto es, para sentar doctrina a futuro en este tipo de reversiones de servicios públicos a la finalización de las concesiones.

Pues bien, como publicó este periódico, en la sentencia que dictó al respecto el pasado mes de julio, el Supremo consideró que el acto administrativo por el que una Administración asume la gestión directa de un contrato no prorrogado exige "la valoración de sus repercusiones y efectos, atendida la naturaleza y alcance del acto y las circunstancias concurrentes" de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Pero a ello se suma, además, la advertencia de la propia Intervención de la Generalitat sobre el riesgo de litigiosidad al ejecutar la reversión de Torrevieja sin ajustarse estrictamente a la mencionada Ley de Estabilidad, ya que el expediente para la reversión no incluye informes económicos que demuestren lo que afirma la Conselleria de Sanidad: que la gestión directa del departamento y la asunción de toda su plantilla como personal laboral a extinguir no va a suponer un sobrecoste para las arcas autonómicas.

En concreto, a la vista de la jurisprudencia formada con la mencionada sentencia del Supremo, el ente fiscalizador alerta de las posibles consecuencias de no ajustarse estrictamente a lo que previsto en el artículo 7.3 de la Ley de Estabilidad, el argumento en el que Grupo Ribera basa sus recursos contra la Generalitat.

Preguntada al respecto por Valencia Plaza, la empresa coincide con la interpretación de la Intervención en su informe sobre Torrevieja y critica que la Conselleria de Sanidad obvie estas "demoledoras argumentaciones". "Ribera seguirá acudiendo a los tribunales para defender lo que siempre ha mantenido en este proceso, que se está atentando contra la Ley de Estabilidad presupuestaria y que es necesario justificar esa reversión, tal y como indican tanto la Intervención General como el Tribunal Supremo", sostiene el grupo sanitario.

La Intervención de la Generalitat ha detectado varias carencias e incluso datos contradictorios entre los informes que forman parte del expediente de Sanidad para la asumir la gestión directa de Torrevieja. En un informe que la directora general de recursos humanos emitió en julio expresamente para justificar el encaje de la operación dentro de la Ley de Estabilidad reflejó que "se desconoce la estructura del personal de gestión y servicios", por lo que no sería posible cifrar el coste exacto en personal.

"No parece muy adecuado, para alcanzar tal fin –el de cumplir la Ley de Estabilidad–, incluir en el mismo expresiones tales como "se desconoce la estructura del personal de gestión y servicios" o "no se puede valorar con exactitud el coste real de la misma (totalidad de la plantilla)", censura la Intervención.

Además, el ente fiscalizador afea que la Conselleria de Sanidad haga esa estimación de compensación de costes "sin aportar ningún estudio o memoria económica al respecto, ni en dicho informe ni en ningún otro de los informes y documentos que conforman el expediente remitido".

A juicio de Grupo Ribera, si hasta ahora no se ha podido parar la reversión es porque el TSJ de la Comunitat Valenciana, que ha denegado la suspensión cautelar que pedía la concesionaria, no ha entrado al fondo del asunto, "pero estamos convencidos de que cuando se analice el fondo se nos dará la razón, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo".

Cuenta atrás para la reversión

Desde el próximo viernes, la Conselleria de Sanidad asumirá directamente la gestión del departamento de salud de Torrevieja y se subrogará como empleador directo de todos y cada uno de los trabajadores, fijos y eventuales e independientemente de cuándo hayan sido contratados, que se incorporarán como personal a extinguir.

La relación definitiva, con nombres y apellidos, de profesionales que seguirán en el centro no se conocerá hasta dentro de nueve meses, el plazo que se ha dado la Conselleria de Sanidad para presentarla. Así lo establece el decreto de reversión que el Consell aprobó la semana pasada para concretar el régimen en el que la Conselleria de Sanidad se subrogará como empleador directo del personal de Torrevieja una vez descartado el proyecto para hacerlo a través de una empresa pública.

Ese proyecto de decreto, de hecho, no especifica nada sobre la cifra de profesionales que integrarán el departamento ni del coste económico para la administración derivado de la asunción del personal. En este caso, el texto determina en una disposición adicional que el crédito necesario para pagar sus nóminas y las correspondientes cotizaciones se generará mediante "las modificaciones presupuestarias oportunas".