Cortesía de Cor Asociados Arquitectos. BENIDORM. Un nuevo capítulo para las obras del IES Pere Maria Orts i Bosch de Benidorm. Después de que la Conselleria de Educación adjudicara en junio de 2022 la redacción de los trabajos para el derribo y construcción del nuevo edificio, los tiempos siguen sin cumplirse por un 'cambio de criterio' en medio del procedimiento para redactar el proyecto básico y de ejecución. Como consecuencia, retrasos de casi un año y el correspondiente incremento del coste.
Como es sabido, el instituto lleva años con los alumnos dando clases en barracones después de que se dejara sin terminar la obra de ampliación. Una vez se retomaron los trabajos tras años de paralización, volvieron a abandonarla por problemas en la estructura que no fueron comunicados a la concesionaria en el pliego y que encarecían la obra, tanto, que sobrepasaba el mínimo que permite la ley y era necesaria una nueva licitación. Al final, la decisión fue derribar el edificio y volver a construirlo. Para ello, tenían que volver a contratar el servicio para redactar el proyecto. Y en esas siguen atascados.
Tal y como figura en el informe técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas, el contrato adjudicado en abril de 2022 tenía un plazo de ejecución de seis meses. La empresa, Cor Asociados, fue cumpliendo con la entrega de la documentación en el tiempo que se le marcó. Sin embargo, cuando ya estaba presentado en diciembre de este año el proyecto de ejecución, se les informa sobre unas incidencias que no se habían transmitido previamente y que como consecuencia, debían de replantear todo el proyecto.
En concreto, se les indica que las aulas generales de ESO y Bachillerato, no pueden tener una superficie inferior a la mínima, es decir, a 50 y 55 metros cuadrados respectivamente. Además, la tolerancia para estos espacios solo se aplica para aumentar la superficie mínima exigida en el programa de necesidades. De este modo, la UTE argumenta que esta modificación sustancial no venía en el informe al anteproyecto ni al primera versión del proyecto básico. Es por esto que el de ejecución se entregó siguiendo las mismas directrices. Este documento se envió mientras la segunda versión del básico estaba en supervisión, algo que contemplaba el contrato y que permitió llegar a todos los plazos a tiempo.
Como consecuencia, la empresa explica que este cambio de criterio en el programa de necesidades supone la redistribución del programa del edificio y una ampliación de la edificación proyectada desde la fase inicial de diseño. Lo que implica volver a efectuar los cálculos matriciales de estructura e instalaciones que afectan a todos los elementos y a los sistemas en su conjunto; volver a delinear todos los planos de definición constructiva; ajustar la medición y consecuentemente el presupuesto; adecuar los documentos de memorias y justificaciones; y por último, volver a trazar toda la documentación para generar una nueva entrega. En definitiva, un replanteamiento de todo lo elaborado hasta ahora.
Con todo, el proyecto básico se llegó a aprobar en febrero de 2023, con todas las incidencias subsanadas. Tras esto, la empresa tiene que modificar el proyecto de ejecución en base a estas exigencias. En principio, el edificio tenía una superficie útil total de 6.617,26 metros cuadrados, a los que ahora tendrán que añadirle 450,84 metros cuadrados para llegar a los mínimos de las salas, y por tanto, redistribuir todos los espacios, según figura en el informe. Con ello, el cambio en todos los documentos, como planos o presupuestos.
Finalmente, el pasado 25 de septiembre se aprobó la modificación del contrato, que incluye el incremento del precio a pagar por él. De los 267.282,95 euros, impuestos incluidos, a los 280.802,28 euros. Es decir, 13.519,33 euros más.
