Joaquín Ripoll, en su etapa como presidente del puerto de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de la provincia de Alicante refleja este jueves un curioso caso de 'relevo generacional'. El que se ha registrado en la firma Arquitectura y Negocios Consultores SL, del expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll. Al contrario de lo que suele suceder cuando se habla de relevo generacional, en esta ocasión el testigo ha ido de hijos a padres, y no al revés.
Más concretamente, de hija a madre: Margarita Ripoll, hija mayor del político y también expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha cesado como administradora única de la consultora, y ha sido nombrada su madre (y esposa de Ripoll), Margarita de la Vega. Donde no hay cambio es en el nombre del apoderado de la firma, que sigue siendo el expolítico del PP.
Joaquín Ripoll, arquitecto de formación (aunque llegó a ejercer solo durante un breve periodo antes de iniciar su carrera política como concejal en 1987), fundó la consultora al abandonar la presidencia de la Autoridad Portuaria a finales de 2014, para aprovechar tanto sus conocimientos teóricos como la experiencia y los contactos acumulados en su etapa política y en el puerto. De esta forma, Arquitectura y Negocios Consultores S.L. se dedica no solo a la consultoría de gestión de empresas, sino también a actividades anexas al transporte marítimo, la compraventa de inmuebles, e incluso actividades de relaciones públicas y comunicación o estudios de mercado y organización de encuestas, según su objeto social.
La sociedad nació en octubre de 2015 con un capital social de 3.200 euros, y en sus tres primeros meses facturó a razón de 5.000 euros al mes, según el balance depositado en el Registro Mercantil de su primer ejercicio en activo (de octubre a diciembre): ingresó 15.734 euros, destinó 3.733 a gastos de personal y 8.656 a otros gastos de explotación. Como resultado, obtuvo un beneficio de 3.344 euros por el que pagó 501 euros en impuestos. Según la memoria, el beneficio después de impuestos se repartió en 2.000 euros de dividendo y 842 destinados a reservas.
El político popular, imputado por cinco delitos en la rama principal del conocido como 'Caso Brugal' (donde se investiga el presunto amaño de la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja), tuvo que dejar la Autoridad Portuaria a finales de 2014, por las presiones del Ministerio de Fomento a la Generalitat (entonces en manos del popular Alberto Fabra), por la situación procesal de los dos presidentes portuarios de Valencia (Rafael Aznar) y Alicante, ambos imputados.
Antes, en el verano de 2011, había sido desalojado de la Diputación por sus propios compañeros de partido con una candidatura alternativa, y dimitió como cargo orgánico poco después. Fabra lo recolocó en la Autoridad Portuaria (de donde 'saltó' Miguel Campoy para irse al Senado) poco después de que trascendiera que se había apuntado al paro.
Fuera de la política y de la Administración pública, el expresidente de la Diputación y del Puerto trata ahora de aprovechar sus conocimientos y contactos en el sector privado, aunque ha preferido figurar solo como apoderado de la firma, mientras las administradoras únicas han sido sucesivamente su hija mayor (durante apenas un año desde la fundación de la consultora) y, ahora, su esposa.
