El pulso social en Alicante: PP, Cs y Vox tumban dos comisiones sobre realojos y guarderías municipales

ALICANTE. El debate sobre las políticas sociales ha vuelto a copar parte del protagonismo en pleno del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes de marzo en cuestiones como los realojos para personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o el respaldo a la educación pública. Son dos de los asuntos abordados en la sesión a instancias de sendas iniciativas promovidas por el grupo municipal de Unides Podem EU.

En primer término, el pleno ha rechazado crear una comisión no permanente con el objeto de esclarecer el estado actual de la tramitación de los decretos de emergencia habitacional, después de que trascendiese el retraso en la firma de esos documentos para que la Conselleria de Vivienda pudiese conceder "una solución habitacional a las personas desahuciadas", según ha defendido el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López. Así, ha recriminado la falta de atención a colectivos vulnerables por parte de la Concejalía de Acción Social que coordina la edil Julia Llopis.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su rechazo a la iniciativa tras criticar al Gobierno central y a la Generalitat en lo que ha considerado el incumplimiento de sus compromisos respecto al freno a los desahucios. "Ustedes", en alusión a Unides Podem EU, "habían prometido que no se producirían más desalojos y nos han mentido", ha incidido. Además, se ha referido a la situación "de abandono" de los dos primeros bloques del barrio de Miguel Hernández (al que se ha referido con su antigua denominación, como barrio de José Antonio), tras la rescisión del contrato de rehabilitación adjudicado a Ecisa. 

El edil de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en reivindicar la necesidad de la creación de la Mesa de Vivienda para coordinar actuaciones frente a los desalojos. Y la edil del PSOE, Lola Vílchez, se ha referido a la próxima Ley de Vivienda en la que se prevén medidas para procurar soluciones para familias que acaben siendo desalojadas pese a las moratorias previstas. Por su parte, la edil de Acción Social, Julia Llopis, ha defendido que las competencias en materia de vivienda son de la Generalitat y ha sostenido que se han emitido 29 certificados de emergencia habitacional en los últimos meses "y la conselleria solo ha concedido una vivienda" como solución. Además, ha insistido en desacreditar la política de vivienda de la Generalitat para señalar que "tienen 1.200 viviendas ocupadas de manera ilegal" y que, además, no se ha invertido en la construcción de vivienda pública.

En la réplica, Ortolá ha abundado en los mismos argumentos y ha señalado que incluso Compromís "ha señalado que tenemos escasas competencias sobre vivienda y se siguen produciendo múltiples desalojos". Mas ha insistido en que "sí tenemos competencias para habilitar medidas de apoyo en materia de vivienda" como la creación de una mesa de coordinación específica. Además, ha señalado que "en Alicante no se está construyendo vivienda pública, cuando sí se está produciendo en otros municipios". 

López se ha referido a la situación del barrio de Miguel Hernández para señalar que "las obras están de nuevo a licitación" después de que se produjese la situación que también se ha precipitado respecto a otras actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, como la reforma de la Plaza de San Blas. Vílchez ha insistido en que no se ha construido ni una sola vivienda pública en la ciudad. Y Llopis ha señalado que ya se había mantenido una primera reunión con los responsables de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) para mejorar la coordinación. Por último, ha vuelto a cargar contra la política de vivienda de la Generalitat al señalar que solo se ha construido "41 viviendas públicas en el conjunto de la Comunitat". Por último, en el momento de la votación, la propuesta ha sumado 15 votos en contra (PP, Cs y Vox) frente a 13 votos a favor (PSOE, Unides Podem EU y Compromís).

Escuelas infantiles municipales

En lo que respecta al debate sobre la educación pública, también se ha rechazado la segunda propuesta promovida por Unides Podem EU por la que se planteaba crear una comisión no permanente para abordar la situación de las infraestructuras escolares  municipales para los niños de 0 a 3 años tras el episodio registrado con el desalojo por daños estructurales en la escuela infantil Siete Enanitos. La edil de la confluencia, Vanessa Romero, ha defendido la iniciativa como necesaria al insistir en que las dos escuelas infantiles municipales se construyeron hace 40 años y requieren de reparaciones y actuaciones de mantenimiento "como venimos advirtiendo desde hace tiempo y ustedes lo negaban". 

Además, ha reivindicado la necesidad de contar con una tercera escuela infantil municipal y ha tirado de ironía al dar "la enhorabuena" a la edil de Educación, Julia Llopis, por haber conseguido "desmantelar" una de las escuelas infantiles y de haber incluido a los representantes de la Concapa prácticamente como únicos referentes en el Patronato de Educación Infantil, según ha argumentado.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha instado a Romero a dejar de utilizar a las familias y ha considerado que ya se habría dado información a los padres respecto de la situación de Siete Enanitos. El edil de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en que "Alicante cuenta con 100.000 habitantes más que hace cuarenta años y seguimos teniendo solo dos escuelas infantiles municipales". Además, ha recriminado que el Patronato de Escuelas Infantiles tenga "un millón y medio de superávit y haya sido necesario que pase una calamidad" en relación al desalojo de Siete Enanitos "para que se asuma que se tenga que construir una nueva escuela". 

De igual modo, como Romero, ha felicitado a Llopis por "su plan para acabar con la escuela pública y privatizarla". Por el PSOE, la edil Llanos Cano, ha dado lectura a la intervención preparada por la presidenta del AMPA de la escuela Siete Enanitos, a la que no ha podido dar lectura, puesto que la petición de uso de la palabra se había registrado a través de un sindicato del que no era representante, según ha defendido el alcalde, Luis Barcala.

Por último, la edil de Educación, Llopis, ha expresado su confianza en que la Generalitat "cumpla lo que prevé la LOMLOE y procure la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años". Además, ha defendido la actuación de su departamento respecto a Siete Enanitos en cuanto se detectó el problema de hundimiento del suelo. Y ha negado que se trate de desmantelar las escuelas infantiles municipales para señalar que "esto ha sido un ejemplo de manipulación política". "Estamos actuando a la mayor rapidez, queremos garantizar la seguridad de los niños y la continuidad de los trabajadores", ha asegurado.

En la réplica, Ortolá ha considerado que lo más importante es "no separar a los niños y tampoco respecto a sus profesores". Mas ha vuelto a recriminar la vinculación de Llopis con la Concapa y ha instado a "buscar soluciones; empecemos a proyectar la tercera escuela infantil y reubiquemos a los bebés en espacios dignos", ha considerado. Romero ha insistido en que "quien ha tirado por tierra la imagen de las escuelas infantiles municipales es la concejal de Educación", en respuesta a las acusaciones de Llopis y de Ortolá sobre sus críticas supuestamente infundadas sobre la calidad de la comida que se servía en ellas. Además, ha vuelto a exigir los informes en los que se ha basado la decisión de derribo del edificio de Siete Enanitos. 

En el cierre del debate, Llopis ha señalado, respecto a la demanda de plazas, que "posiblemente sean necesarias en otras zonas de la ciudad". Y ha apuntado que "se realizaron tres informes previos en el mes de febrero antes de que se encargase en informe externo" para certificar la situación del edificio. Por último, ha considerado que en las aulas disponibles en Els Xiquets se dispondría de espacio suficiente para dividirla y "cumplir con los metros exigidos por la inspección educativa, pero no lo vamos a hacer porque queremos que los niños se encuentren en las mejores condiciones posibles". Así, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado desestimada con los votos de PP, Cs y Vox, pese al respaldo de las tres fuerzas del eje progresista, PSOE, Unides Podem EU y Compromís.