Foto RAFA MOLINAEl president asegura que la norma "no afecta a nada sustancial" pero la enmarca en el "centralismo más virulento" y Mónica Oltra afirma que "como enunciado, es un disparate"
VALÈNCIA. Tras las críticas por la competencia con los impuestos y en general por los beneficios por el 'efecto capitalidad' que suma Madrid, el anteproyecto de la 'ley de mercado abierto' que ha presentado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto una nueva polémica con Ximo Puig.
En este caso, según el president, no tanto por unos efectos que ve escasos sino por la intencionalidad que le achaca. "Hasta ahora los informes lo que dicen es que realmente no afecta a nada sustancial", destacó Puig. La calificó como "una medida de propaganda" para poner "en permanente tensión" la cohesión territorial. "Lo que no se puede es jugar al 'dumping fiscal' y al centralismo más virulento", criticó.
La mirada, insistió una vez más, debe salir "de la M-40" y afirmó que "la única estrategia que se tiene por parte de algunos dirigentes políticos de la derecha española está en el espacio de la confrontación siempre".
El miércoles la Comunidad madrileña presentó la norma resaltando que serán la primera "donde las empresas y operadores económicos de todo el territorio nacional puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen".
La normativa, señalaba el consejero Javier Fernández-Lasquetty, tenía como objetivo fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica e incluía también la libre circulacion de productos "sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan".
Tras las críticas de Puig, la Comunidad de Madrid contestó en un comunicado de Lasquetty resaltado ese segundo enfoque de la ley. "No se entera bien. Ofrecemos a empresarios y profesionales valencianos que puedan operar en Madrid sin necesidad de conseguir nuevas licencias, homologaciones o permisos", afirmó el consejero. No haría falta un cambio de sede, matizó, aunque las facilidades para hacerlo fueron lo primero que se resaltó de la norma. "Continúan donde quieren estar", aseguró
También se pronunció Mónica Oltra sobre la futura ley madrileña y, aunque dijo que hay que esperar a "leer la letra pequeña", señaló que "como enunciado, es un disparate.
"No hay que perder mucho tiempo comentándolo", afirmó la vicepresidenta, centrada también en el posible cambio de residencia de las empresas. De hecho, ilustró su crítica con un ejemplo. "Eso supondría que una empresa valenciana que tuviera una licencia de residuos peligroso podría instalarse encima de un acuifero en la sierra de Guadarrama. Es un sinsentido", aseguró.
