Ximo Puig, junto a Rafa Climent, Rebeca Torró, Isaura Navarro y Arcadi España este martes. Foto: EFE/BIEL ALIÑO
VALÈNCIA. Las evidentes discrepancias en el seno del Consell sobre las energías renovables han llevado a que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya optado por dar un golpe en la mesa para dirigir la posición del Ejecutivo autonómico hacia el acuerdo. Al menos a corto plazo y con dos compromisos concretos: uno, la resolución de expedientes pendientes antes del 25 de enero; y dos, la elaboración, en el plazo de medio año, de un mapa de zonas de la Comunitat susceptibles de acoger plantas de renovables. Algo que se perfilaría justo antes de las elecciones autonómicas y municipales.
La gestión de este asunto se ha convertido en el gran punto de fricción entre PSPV y Compromís en el último tramo de la legislatura, mientras en el sector privado se lleva meses denunciando el atasco y cunde la indignación. Durante semanas, cada Conselleria a la que le compete la tramitación de renovables ha comunicado su criterio de manera independiente con visibles desacuerdos y declaraciones públicas cruzadas. Y no sólo entre los socios, sino también dentro de Compromís, donde existen divergencias sobre el modelo que ha de defender la coalición y ha desencadenado episodios como el cese del director de Transición Ecológica.
Uno de los grandes problemas que tiene que resolver la Generalitat es que Europa ha fijado para 2030 unos objetivos de descarbonización que implican que la Comunitat tenga que alcanzar los 10.000 MW instalados, tanto de eólica como de fotovoltaica, para conseguir la autosuficiencia energética. Por ahora, únicamente hay autorizados 1.737 MW (1.243 de eólica y 417 fotovoltaica).
Desde el inicio de la actual legislatura, el Ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa 391 solicitudes de proyectos. De ellos, se han resuelto 113 (45 con autorización). Los 278 restantes se encuentran todavía en proceso de evaluación, y 64 de ellos han de resolverse antes del próximo 25 de enero. Si para entonces no logran la declaración de impacto ambiental favorable (DIA) del Ministerio de Transición Ecológica, y aunque cuenten con autorización administrativa, automáticamente se quedarían sin los permisos y deberían empezar de nuevo todo el proceso. Algo que sería achacable únicamente al retraso de la Generalitat.
Como causante del tapón se apunta a la Dirección General de Paisaje, dependiente de la Conselleria de Territorio y dirigida por Rosa Pardo (Compromís). Un departamento que ha mostrado reparos en la autorización de varios proyectos esgrimiendo motivos de incompatibilidad urbanística y exigiendo informes adicionales a los promotores sin que la normativa lo exigiera.
Motivo por el que la consellera de Territorio, Rebeca Torró (PSPV), pidió a la Abogacía de la Generalitat un informe en el que clarificara los criterios a seguir para desbloquear esos 64 proyectos, que suman una potencia total de 2.250 MW. Algunas de las conclusiones fueron que "en ningún caso" era exigible la presentación de un estudio de paisaje a los promotores como estaba ocurriendo o que los informes de compatibilidad urbanística únicamente competen a los ayuntamientos.
Con ese informe en la mano, el departamento de Torró comenzó a desbloquear expedientes por su cuenta, pero la disensión en el Consell ha continuado. Con todo este cúmulo de circunstancias y después de varias declaraciones públicas en las que admitió que la tramitación de los proyectos podía ser más ágil, el presidente de la Generalitat forzó este martes un compromiso del Gobierno en su conjunto.
Puig reunió a los consellers competentes en lo que parecía una llamada a poner orden: Rafael Climent (Economía), Isaura Navarro (Agricultura), Rebeca Torró (Política Territorial) y Arcadi España (Hacienda). A continuación, compareció en solitario. "El encuentro ha servido para establecer una hoja de ruta de cara a la fecha límite de resolución de expedientes del 25 de enero establecida por el Ministerio. Hemos adquirido un compromiso para tenerlos listos. Se ha llegado a un acuerdo para buscar todas las fórmulas para que no caduquen", afirmó. En él se incluye que los departamentos dispongan del personal necesario y de todos los "medios imprescindibles".
Según expuso, existe un "alineamiento total" de todas las consellerias implicadas en esa decisión. "Hay miradas diferentes", admitió respecto a las discrepancias, pero "un objetivo común". "O sea está a favor o en contra de las renovables, no es una cuestión neutral", añadió. Igualmente, consideró que se debe de tener en cuenta la "complejidad de cada expediente", aunque espera que la mayoría se resuelvan favorablemente.
Puig hizo hincapié en que el Parlamento Europeo aprobará esta semana medidas para llegar al 45% de las energías renovables en 2030. Esto supondrá que los países habrán de fijar zonas "de aceleración" en las que se ubiquen las plantas, sean fotovoltaicas, eólicas o de biomasa.
Con este escenario, destacó el segundo compromiso de la reunión: elaborar, con la implicación de todas las consellerias "que tengan algo que decir" y en el plazo de seis meses, un mapa de la Comunitat Valenciana sobre zonas en las que se puedan instalar plantas. En él se habrán de atender todos los criterios: paisajísticos, de medio ambiente, patrimoniales, industriales y territoriales. Allí donde las zonas sean declaradas "de preferencia", la autorización será "inmediata".
"Se trata de ver los lugares donde no hay una afección sustancial. En esta cuestión se debe ser lo más objetivos posibles porque no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Cualquier implementación, en cualquier ámbito, puede tener un impacto. Seguro que hay una espacio en el que no pueda ser adecuado, pero en otro sí", apuntó. Una advertencia de antemano tanto a la dirección general de Paisaje como a los municipios que muestran reticencias a las instalaciones de plantas de renovables.
