ALCOY. La finalización de las obras para reponer la zona verde en la plaza de la Constitución en Alcoy, conocida como La Rosaleda, se aplaza hasta marzo de 2025, tras solicitar la adjudicataria una prórroga de tres meses y medio. Con estas obras se cumple una sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana, que obliga al Ayuntamiento a reponer la zona verde existente antes de la remodelación que se inició en 2001 y que comportó la construcción de un aparcamiento subterráneo y una reurbanización de la plaza superior, que se declaró ilegal al tratarse de una zona verde e incumplir los parámetros establecidos.
La actuación, adjudicada a la UTE formada por Guerola Transer SLU y Levantina Ingeniería y Construcción SL, contaba con un plazo de ejecución de diez meses, que vencían a finales del próximo noviembre, y ahora la empresa ha solicitado una prórroga de tres meses y medio, que la Junta de gobierno de este jueves incluye en su orden del día para proceder a la aprobación. Entre los motivos que han comportado la petición de esta prórroga están diferentes capítulos de lluvias torrenciales, que anegaron el espacio y comportaron no poder llevar a cabo los trabajos previstos varias jornadas, así como diferentes imprevistos en el estado del aparcamiento subterráno existente en esa plaza, entre otros.
Para poder reponer dicha zona verde hay que rebajar la rasante y las obras consisten en la demolición del forjado de cubierta para su nueva ejecución con capa de tierra de 80 centímetros y arbolado, así como el refuerzo de todos los elementos estructurales, desde pilares hasta losa de cimentación. Las obras se adjudicaron por 4,3 millones de euros, que sufragan las arcas municipales.
Paralelamente a las obras, se está llevando a cabo una restauración del monumento de Alcoy a San Jorge y cuando la reforma de la plaza esté a punto volverá a ubicarse en ella. Las obras son incompatibles con el uso del aparcamiento y se había previsto que cerrara ocho meses, y en cuanto al quiosco ha acabado la concesión, por lo que se aprovechan estos meses para sacar una nueva licitación.
Veinte años desde la sentencia
La remodelación de La Rosaleda fue uno de los primeros proyectos que puso en marcha el gobierno municipal del PP, en el año 2001, adjudicado a Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa. Desde el primer momento contó con voces en contra, tanto de vecinos como de la Colla Ecologista La Carrasca, que siempre remarcaron que se estaba incumpliendo la legalidad vigente en cuanto a zona verde, dándoles la razón el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2005, cuando aún gobernaban los populares, que estuvieron al frente de la alcaldía de Alcoy hasta el año 2011. Junto a ello, La Carrasca también ha venido pidiendo que se depuren posibles responsabilidades de quienes autorizaron una obra que se declaró ilegal.
Ya en 2018, ya con gobierno socialista, el TSJ aprobaba una memoria y dos años después estaba a punto el proyecto. Tras quedar desierto un primer concurso, que partía de un presupuesto de licitación de 2,4 millones de euros siguiendo el informe técnico existente, el Ayuntamiento pidió una revisión de precios que lo duplicó y finalmente se adjudicó por 4,3 millones de euros.
